El gremio estatal apuntó contra la conducción del organismo por supuestas maniobras irregulares y advirtió sobre el impacto en el sistema de salud. También cuestionó la política de control sobre prepagas y obras sociales.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) llevó adelante una protesta frente a la Superintendencia de Servicios de Salud en rechazo a lo que definió como un proceso de vaciamiento del organismo, en un contexto atravesado por denuncias judiciales y reclamos por posibles despidos.

La manifestación se produjo mientras crecen las acusaciones contra funcionarios del ente regulador. En particular, el sindicato hizo referencia a una denuncia presentada contra el gerente Mario Gutiérrez por presunto enriquecimiento ilícito, lavado de activos y falsedad en declaraciones juradas, expediente que también fue radicado ante la Justicia federal y la Oficina Anticorrupción.

Desde ATE señalaron que la situación institucional es “grave” y apuntaron a un deterioro en el funcionamiento del organismo. El secretario general del gremio a nivel nacional, Rodolfo Aguiar, cuestionó con dureza a las autoridades y sostuvo que existen prácticas que afectan la transparencia y el rol de control sobre el sistema de salud.

Según el dirigente, se estarían paralizando expedientes vinculados a reclamos de usuarios, al tiempo que se aplicaría un criterio desigual en las sanciones: mayor rigor sobre obras sociales más pequeñas y una actitud más permisiva frente a empresas de medicina prepaga.

El sindicato también advirtió sobre la proliferación de cobros adicionales —como plus, coseguros y aranceles diferenciados— que consideran ilegales, y que, aseguran, se expanden ante la falta de controles efectivos.

En ese marco, ATE defendió el rol de los trabajadores del organismo y destacó que en las últimas semanas impulsaron medidas de fuerza bajo la modalidad de “paros a la japonesa”, con el objetivo de acelerar la resolución de trámites y evidenciar la importancia del personal en el sostenimiento del sistema.

Además, la organización expresó preocupación por la implementación de un esquema de mediación prejudicial no obligatoria, denominado PROMESA, al considerar que podría trasladar costos a los usuarios y profundizar la judicialización de conflictos en materia de salud.

Por otra parte, el gremio sumó cuestionamientos a la obra social Unión Personal, a la que acusó de aplicar coseguros diferenciados según la afiliación sindical de los trabajadores, así como cargos adicionales en prácticas médicas que, sostienen, contravienen el Programa Médico Obligatorio.

La protesta se inscribe en un escenario de creciente conflictividad en el ámbito estatal, donde los sindicatos denuncian recortes, pérdida de funciones y riesgos en la prestación de servicios esenciales.