La disputa entre los gremios estatales sumó un nuevo capítulo. La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) presentó una denuncia ante la Superintendencia de Servicios de Salud contra Unión Personal, la obra social administrada por la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), por el cobro de coseguros ilegales y la aplicación de restricciones en prestaciones médicas a quienes no están afiliados al gremio conducido por Andrés Rodríguez.

Según el escrito, la obra social estaría imponiendo aranceles diferenciados en prácticas incluidas dentro del Programa Médico Obligatorio (PMO), además de condicionar el acceso a determinados servicios de salud en función de la afiliación sindical.

“Primero destruyen los salarios de los trabajadores avalando recortes sin precedentes, y ahora pretenden cobrar plus o aranceles que están prohibidos por ley. No hay nada más miserable que meterse con la salud de los trabajadores y sus familias”, advirtió el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar.

El dirigente calificó la situación como una “maniobra extorsiva” que busca frenar las desafiliaciones masivas que viene sufriendo UPCN. En ese sentido, apuntó directamente contra la conducción sindical: “Están utilizando la obra social para intentar retener afiliados, mientras mantienen un silencio cómplice frente a un Gobierno que desde hace 19 meses agrede sistemáticamente al empleo público”.

ATE también reclamó que se investigue el rol de la Superintendencia de Servicios de Salud, a la que acusa de permitir prácticas “discriminatorias e ilegales”.

Restricciones y amparos judiciales

De acuerdo con la denuncia, se han registrado casos de cobro indebido en cirugías, tarifas diferenciales y beneficios exclusivos para afiliados a UPCN, como acceso preferencial a sanatorios. Estas medidas —subraya ATE— son inconstitucionales y configuran una práctica de extorsión e intimidación.

La organización sindical aseguró que ya logró frenar algunas de estas irregularidades mediante amparos judiciales colectivos e individuales, y puso a disposición de los trabajadores formularios y asesoramiento para realizar las denuncias correspondientes.

“Estamos frente a un delito que involucra a los administradores de la obra social, a dirigentes gremiales y posiblemente a funcionarios públicos. La justicia y los organismos de control deben actuar de inmediato”, concluyó Aguiar.

Con esta denuncia, la guerra sindical entre ATE y UPCN escala un peldaño más, en un contexto de creciente tensión dentro del sector público y con un Gobierno que mantiene un fuerte enfrentamiento con los trabajadores estatales.