Una familia, residente en la calle 115 entre 63 y 64, enfrenta desde hace años un verdadero calvario a raíz de las actividades de la empresa Tecma S.A., una firma constructora que funciona de manera irregular en pleno barrio residencial.

La historia comenzó en los años ‘90, cuando Tecma S.A. se instaló en el lugar que antes ocupaba una cooperativa textil de bajo impacto. Con el paso del tiempo, la empresa fue expandiéndose, comprando propiedades vecinas y convirtiendo paulatinamente la zona en un centro de operaciones para su logística de obra, lo que incluyó la demolición de viviendas y el uso intensivo del espacio urbano.

Según relatan los vecinos, particularmente la familia, la empresa opera como un verdadero corralón: “De lunes a viernes, de 9 a 17.30, bajan camiones, descargan fierros, cemento, arena, cortan materiales con sierras y amoladoras, y toman la vía pública con conos y vehículos pesados. Literalmente te cortan la calle”, explican. La situación se agrava con la contaminación sonora, el peligro constante para peatones, y el uso indebido de veredas y calzadas.

En 2016, Tecma S.A. adquirió la propiedad contigua a la de la familia damnificada y la transformó en un depósito a cielo abierto, intensificando aún más las actividades. En 2023, construyó un nuevo galpón de grandes dimensiones, lo que terminó por borrar cualquier límite entre lo privado, lo residencial y lo industrial.

Lo más grave, sin embargo, es que este tipo de actividad está prohibida por las normas urbanísticas en ese sector de la ciudad, que corresponde estrictamente a una zona residencial. Una arquitecta consultada por los vecinos confirmó que la actividad debería desarrollarse en zonas industriales o comerciales.

Pese a reiteradas denuncias ante la Municipalidad de La Plata y el pedido de un pronto despacho, hasta el momento no hubo respuestas eficaces. Mientras tanto, los afectados viven bajo presión constante, con un estado emocional deteriorado y una calidad de vida profundamente afectada.

“Queremos que la empresa se traslade o que nos compren la casa. Esto es invivible”, afirman los damnificados. La sospecha sobre presuntas conexiones políticas que protegerían a la firma refuerza la percepción de impunidad: “Actúan con total libertad, como si las leyes no aplicaran para ellos”.

El caso de la familia es un llamado de atención sobre los límites del desarrollo urbano y la falta de control estatal, que permite que empresas privadas conviertan barrios residenciales en zonas industriales, vulnerando derechos básicos y destruyendo la convivencia vecinal.