Vanesa Siley llevó al Vaticano su reclamo por Malvinas y cuestionó la extranjerización de tierras
Política gremial Miércoles 7 de Octubre de 2026
La diputada nacional y secretaria general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Judiciales (FeSITRAJU), Vanesa Siley, participó en el Vaticano de un encuentro internacional dedicado al vínculo entre justicia, cambio climático y derechos humanos.
La jornada, denominada «Jueces, litigancia climática y derechos humanos», fue organizada por el Instituto de Formación y Capacitación (IFBC), rama académica del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (COPAJU), con el patrocinio de la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales.
Durante su intervención, Siley puso el foco en el rol que deben asumir los tribunales frente a los desafíos ambientales y sociales y planteó que el control de constitucionalidad y convencionalidad debe funcionar como una herramienta para evitar retrocesos en materia de derechos.
En ese marco, sostuvo que la Justicia también debe actuar frente a decisiones que puedan favorecer la extranjerización de recursos naturales, afectar la soberanía nacional o generar restricciones sobre derechos democráticos.
Justicia ambiental y soberanía
Uno de los ejes centrales de la exposición de Siley fue la necesidad de pensar la justicia ambiental desde una perspectiva que contemple también las dimensiones social, democrática y soberana.
La legisladora vinculó esta mirada con la Opinión Consultiva 32 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que establece estándares relacionados con la protección de los derechos humanos frente a la emergencia climática.
Para Siley, las herramientas del derecho ambiental y de los sistemas de protección de derechos humanos no deberían limitarse a cuestiones estrictamente ecológicas, sino que también deben contemplar la defensa de los bienes comunes y los recursos estratégicos de cada país.
En ese contexto, incorporó a su exposición el reclamo argentino por las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, al considerar que la discusión sobre territorio, recursos naturales y ambiente también está atravesada por la cuestión de la soberanía.
La discusión por la Ley de Tierras
La intervención de la diputada se produjo además en medio de la controversia generada por la vigencia nuevamente de la derogación de la Ley de Tierras Rurales.
La normativa establecía límites para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. Su derogación había sido cuestionada judicialmente y, posteriormente, la Corte Suprema dejó sin efecto un fallo de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional la medida, al considerar que el Centro de Excombatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) no contaba con legitimación para promover la demanda colectiva.
El pronunciamiento judicial volvió a poner en debate el alcance de las restricciones a la propiedad extranjera de tierras y generó críticas de organizaciones sindicales, sociales y sectores políticos.
Ese escenario fue incorporado por Siley a su planteo sobre el papel de la Justicia y los límites constitucionales frente a políticas que puedan afectar recursos considerados estratégicos.
Un debate que cruza ambiente, derechos y política
La jornada reunió a jueces, especialistas, académicos y representantes de organismos de derechos humanos de distintos países, con el objetivo de analizar los desafíos que plantea la emergencia climática para los sistemas judiciales de América Latina.
La participación de Siley permitió incorporar al debate una mirada vinculada con el derecho laboral, la defensa de los derechos humanos y la soberanía nacional.
Desde esa perspectiva, la dirigente judicial planteó que las decisiones de los tribunales no pueden analizarse de manera aislada de los impactos sociales y económicos que generan y sostuvo que la protección ambiental debe estar relacionada con la defensa de los derechos colectivos.
Su exposición también volvió a instalar en un ámbito internacional el reclamo argentino por Malvinas y la discusión sobre el acceso y control de los recursos naturales, dos cuestiones que la legisladora viene planteando en el Congreso y en diferentes espacios políticos y judiciales.















