La Justicia Federal de Chubut volvió a poner un freno al plan de desregulación del gobierno de Javier Milei. El juez de Rawson, Hugo Sastre, declaró admisible un amparo presentado por la Comunidad Aborigen de Laguna Fría y Chacay Oeste, que cuestiona el Decreto 462/25, mediante el cual el Ejecutivo dispuso la disolución del Instituto Nacional de Agricultura Familiar (INAFCI) y avanzó en el desmantelamiento del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

La presentación judicial, realizada la semana pasada, sostiene que la norma fue dictada sin consulta previa a los pueblos originarios, a pesar de que tanto el INAFCI como el INTA tienen incidencia directa en su modo de vida y en la producción agropecuaria de las comunidades.

Tras el dictamen favorable del fiscal federal Fernando Gelvez, el magistrado resolvió habilitar la vía del amparo, notificar al Estado Nacional y otorgarle un plazo de doce días para responder la medida cautelar. La resolución se apoyó en el reconocimiento de que la Comunidad Mapuche Tehuelche tiene legitimidad para accionar en defensa de sus derechos.

El derecho a la consulta previa

Desde la reforma constitucional de 1994 y la ratificación del Convenio 169 de la OIT, el derecho a la consulta libre, previa e informada constituye una obligación del Estado frente a los pueblos indígenas. La comunidad denunció que ninguno de los cambios promovidos por el DNU 462/25 fue consensuado, lo que vulnera esa garantía fundamental.

Otros procesos en curso

Este expediente no es el único. Paralelamente, tres comunidades de Cushamen presentaron en el Juzgado Federal de Esquel un amparo de características similares, que se encuentra pendiente de dictamen fiscal.

Con esta decisión, la Justicia de Chubut suma un nuevo capítulo en la serie de fallos que cuestionan los decretos de Milei y abre la puerta a un escenario de mayor conflictividad judicial en torno a la política de ajuste y disolución de organismos estatales.