Un fallo judicial rechazó la denuncia penal presentada por el Colegio Oficial de Farmacéuticos y Bioquímicos de Capital Federal contra el Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFyB) por una presunta estafa vinculada al cobro de aportes sindicales. La resolución ratificó además que dos trabajadores de la institución se encontraban afiliados al gremio, por lo que la entidad profesional deberá afrontar la deuda correspondiente a las cuotas sindicales reclamadas.

El conflicto se originó cuando el colegio, conducido por su director Claudio Ucchino, se negó a reconocer la afiliación sindical de dos profesionales que trabajan en la institución y rechazó el pago de los aportes reclamados por el gremio.

Ante esa situación, el abogado Juan Pedro Anders —contratado por la entidad— presentó en 2020 una denuncia penal contra las autoridades del sindicato, entre ellas Marcelo Peretta y Mariana Funes, acusándolos de una supuesta estafa procesal vinculada a la afiliación de los trabajadores.

Sin embargo, la investigación judicial concluyó que los profesionales involucrados —la farmacéutica Laura Buttice y el bioquímico Roberto Parlamento— sí estaban afiliados al sindicato, lo que validaba el reclamo por los aportes correspondientes.

La decisión quedó firme luego de que la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmara el sobreseimiento dictado previamente por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 23. De este modo, el tribunal ratificó que no existían elementos para sostener la acusación penal contra los dirigentes sindicales.

Entre las pruebas analizadas en el expediente se incluyó un peritaje caligráfico sobre las fichas de afiliación incorporadas al proceso laboral. El informe concluyó que las firmas y datos consignados en esos documentos guardaban correspondencia con la escritura de los trabajadores involucrados, lo que reforzó la validez de la afiliación sindical.

Con esta resolución, la denuncia penal impulsada por el colegio quedó descartada y la institución deberá afrontar las obligaciones vinculadas a los aportes sindicales de los trabajadores.

El caso generó controversia dentro del ámbito profesional farmacéutico y sindical, ya que la disputa judicial se inició a partir del rechazo del colegio a reconocer el carácter jerárquico de los profesionales que se desempeñan en la entidad y a cumplir con los aportes derivados de su afiliación gremial.