La Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT) presentó una denuncia penal contra el presidente Javier Milei y altos funcionarios del Gobierno nacional, a quienes acusan de incumplimiento de los deberes de funcionario público por no ejecutar la Ley de Emergencia Pediátrica, aprobada por amplia mayoría en el Congreso y reglamentada recientemente por el propio Poder Ejecutivo.

En paralelo, el gremio impulsó un amparo colectivo ante la Justicia Federal para exigir la aplicación inmediata de la norma, que busca fortalecer la atención pediátrica y garantizar recursos para hospitales y centros de salud infantil de todo el país.

“El Poder Ejecutivo comete un delito flagrante al negarse a cumplir con una ley votada por abrumadora mayoría y respaldada por toda la sociedad”, expresó Norma Lezana, secretaria general de la APyT, licenciada en nutrición pediátrica y profesional del Garrahan con 37 años de trayectoria.

Lezana señaló que el Gobierno argumenta la “falta de fondos” como motivo para no poner en marcha la ley, pese a que el decreto reglamentario ya fue firmado.

“Dicen que no pueden aplicarla sin desfinanciar otros programas, pero no consideran alternativas como gravar grandes fortunas o eliminar exenciones a sectores privilegiados. Eso demuestra una decisión política, no una imposibilidad económica”, sostuvo.

La denuncia penal presentada por la APyT también alcanza al ministro de Salud, Mario Lugones, al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y al ministro de Economía, Luis Caputo. Los trabajadores los responsabilizan por incumplir una ley vigente y adelantaron que promoverán una campaña nacional para que el Congreso impulse un juicio político contra los funcionarios implicados.

“Es insólito que un gobierno actúe de forma antidemocrática y autocrática. Denunciamos penalmente a los firmantes del decreto que promulga la emergencia pero dice no poder aplicarla por falta de fondos. Eso no se puede admitir en un Estado de derecho”, agregó Lezana en el comunicado difundido por el gremio.

El conflicto se intensificó tras la movilización en caravana que la APyT realizó el pasado sábado hacia la Quinta de Olivos, donde cientos de trabajadores reclamaron la implementación inmediata de la ley y denunciaron el “desmantelamiento progresivo” del hospital.

En su presentación judicial, el gremio solicita que la Justicia ordene al Ejecutivo cumplir con la norma y garantizar el financiamiento correspondiente.

“Pedimos que se asegure lo elemental: que se cumpla la ley. No vamos a resignarnos a ver cómo desmantelan un hospital que nos costó casi 40 años construir, orgullo nacional y símbolo del abrazo de nuestro pueblo”, enfatizó Lezana.

La Ley de Emergencia Pediátrica fue aprobada por amplia mayoría en ambas cámaras del Congreso tras haber sido inicialmente vetada por el presidente Milei. Posteriormente, fue ratificada y reglamentada, pero el Gobierno aún no dispuso los fondos necesarios para su ejecución, lo que derivó en la acción judicial y penal.

Desde la APyT confirmaron que continuarán con medidas gremiales y judiciales hasta lograr la plena aplicación de la ley, en defensa del Hospital Garrahan y del derecho a la salud de miles de niños y niñas que dependen del sistema público pediátrico.