El conflicto laboral en la petroquímica Sealed Air, ubicada en el partido bonaerense de Quilmes, volvió a escalar luego de que la empresa confirmara el despido de 65 trabajadores mientras aún se encontraba vigente la conciliación obligatoria. La decisión reavivó las protestas en la planta y derivó en un paro por tiempo indeterminado, con la fábrica actualmente paralizada.

La firma había comunicado en noviembre su intención de avanzar con 97 cesantías, aunque ese anuncio dio paso a un proceso de negociación que buscaba evitar los despidos. Sin embargo, tras el quiebre de las conversaciones, la empresa ratificó gran parte del ajuste y comenzó a enviar los telegramas, lo que desató una nueva etapa del conflicto.

Delegados gremiales señalaron que las tratativas se interrumpieron luego de una audiencia clave celebrada el 29 de diciembre. Desde el sector sindical denunciaron que la compañía impulsa un plan de reducción de personal acompañado por cambios en las condiciones laborales, entre ellos la eliminación de adicionales internos y el incremento de las exigencias productivas con una dotación menor.

El delegado general de Sealed Air Argentina, Alfredo Piscopo, explicó que la situación se enmarca en un proceso de reestructuración que la empresa viene desarrollando desde hace varios años. Según detalló, a comienzos de noviembre el área de Recursos Humanos informó la decisión de avanzar con los despidos por lineamientos definidos desde las casas matrices de Brasil, México y Estados Unidos.

Piscopo remarcó que, pese a problemas de infraestructura y a la incorporación de nuevas tecnologías sin la preparación adecuada de la planta, los trabajadores sostuvieron la producción. Incluso, aseguró que hasta hace pocos meses la demanda obligaba a realizar horas extras en varios sectores, con excepción del área de laminados, que terminó siendo cerrada.

Durante la conciliación obligatoria, el gremio aceptó la salida de 45 empleados, en su mayoría próximos a jubilarse, como parte de una alternativa para preservar puestos de trabajo y reorganizar la producción. No obstante, el entendimiento se frustró cuando la empresa exigió aumentar los niveles productivos sin contemplar los tiempos de capacitación necesarios para el personal restante.

Tras el rechazo a esas condiciones, comenzaron a llegar los telegramas de despido a partir del 30 de diciembre. Desde la representación sindical cuestionaron que, a pesar de la predisposición de los trabajadores durante todo el proceso, la respuesta empresarial haya sido avanzar con las cesantías.

El conflicto permanece abierto. Los trabajadores reclaman la reincorporación de los despedidos y la reapertura de una instancia de diálogo genuina que garantice la continuidad laboral y condiciones de trabajo acordes.