Un grupo de activistas travestis y trans de Santa Fe avanza en la organización de un amparo colectivo para reclamar que el Gobierno provincial garantice la implementación efectiva de la Ley de Cupo Laboral Travesti Trans. La iniciativa surge ante la falta de nuevas convocatorias oficiales para incorporar aspirantes al registro destinado a cubrir puestos de trabajo en la administración pública.

La normativa, identificada como Ley 13.902, fue sancionada por la Legislatura santafesina el 30 de octubre de 2019. Sin embargo, según los impulsores de la presentación judicial, la última convocatoria formal se realizó en 2021, durante la gestión del entonces gobernador Omar Perotti. En aquella oportunidad, 20 personas fueron incorporadas al Estado provincial.

Desde el cambio de gobierno, en diciembre de 2023, no se habrían abierto nuevas inscripciones públicas al registro de aspirantes, una situación que llevó a las organizaciones a considerar la vía judicial como alternativa para reclamar el cumplimiento de la ley.

«Se agotó la instancia administrativa, ahora vamos a la Justicia»

Sandra Gabriela Sánchez, activista travesti independiente que encabeza la iniciativa en Rosario, sostuvo que el reclamo busca obtener respuestas concretas frente a la falta de oportunidades laborales para el colectivo.

«Se agotó la instancia administrativa, ahora vamos a la Justicia», afirmó en declaraciones al medio El Ciudadano.

La referente también describió las dificultades que atraviesan muchas personas travestis y trans para acceder al empleo formal y señaló que la problemática excede la inserción laboral.

«La mayoría de las travestis estamos sin trabajo, y es bastante difícil que te tomen en una empresa», expresó. En ese sentido, identificó el acceso al trabajo, la vivienda y la salud mental como tres de las principales necesidades pendientes y cuestionó la respuesta de las autoridades provinciales y municipales.

El amparo todavía se encuentra en etapa de organización y cuenta con el respaldo de organizaciones de distintas localidades, entre ellas Rafaela, Santa Fe, Ceres y San Justo. La intención es reunir los apoyos necesarios para presentar una demanda que exija al Estado provincial avanzar con la aplicación de la normativa.

Incorporaciones sin una convocatoria pública

En medio de los cuestionamientos, fuentes oficiales consultadas por El Ciudadano señalaron que, desde la llegada de Maximiliano Pullaro a la Gobernación, se incorporaron al menos diez personas trans a la administración provincial.

No obstante, según la información publicada, no se precisaron los mecanismos utilizados para esas incorporaciones, los criterios de selección ni las modalidades de contratación. La falta de información pública sobre estos procedimientos constituye uno de los puntos que rodean el reclamo de las organizaciones.

Para los activistas, la cuestión central es garantizar un mecanismo transparente y sostenido que permita a las personas inscriptas acceder a las oportunidades laborales previstas por la ley, en lugar de depender de incorporaciones puntuales.

El reclamo por el cumplimiento de los derechos reconocidos

Sánchez también planteó sus dudas sobre la posibilidad de que una eventual sentencia favorable se traduzca automáticamente en medidas concretas por parte del Gobierno provincial.

«El gobierno estuvo muy ocupado en reformar la Constitución de la provincia, pero de cumplir con las leyes que ya fueron sancionadas por la Legislatura, bien gracias», cuestionó.

La activista vinculó su preocupación con otros conflictos relacionados con el cumplimiento de normas y resoluciones judiciales, entre ellos la controversia nacional por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

El reclamo por el cupo laboral travesti trans vuelve a poner en discusión la distancia entre el reconocimiento legal de un derecho y su implementación efectiva. Para las organizaciones que impulsan el amparo, la apertura de nuevas convocatorias y la transparencia en los procesos de selección son pasos necesarios para ampliar las posibilidades de acceso al empleo estatal.

Mientras continúa la organización de la demanda colectiva, el objetivo de los activistas es que la Justicia intervenga para que la provincia avance con una política de inclusión laboral que cuenta con respaldo legislativo desde 2019.