La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) expresó su rechazo al proyecto de retiros voluntarios que impulsa el Gobierno nacional para la Administración Pública Nacional y anticipó que responderá con medidas de acción directa. Desde el sindicato sostienen que la iniciativa representa una nueva amenaza para la estabilidad laboral y profundiza el proceso de reducción de personal en el sector público.

El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, cuestionó duramente el mecanismo propuesto por el Ejecutivo y advirtió que, detrás de la figura del retiro voluntario, existirían presiones para que los trabajadores abandonen sus puestos.

“No es retiro voluntario, es despido extorsivo. No hay voluntad cuando la opción es o firmás o te quedás en la calle sin laburo y sin obra social”, afirmó el dirigente. En la misma declaración, lanzó una fuerte advertencia contra el Gobierno: “Dijeron que venían a destruir el Estado, pero antes de que terminen de hacerlo, nosotros los tenemos que destruir a ellos”.

La organización sindical informó que accedió a documentación correspondiente al expediente administrativo EX-2026-93338964-APN-CGDYD#MDYTE, que contendría un proyecto de decreto para implementar el régimen. De acuerdo con los datos difundidos, la medida alcanzaría a 21.187 trabajadores, con una estimación de 2.187 adhesiones y un costo inicial de entre $116.500 millones y $130.000 millones.

Las condiciones del régimen y las restricciones para los trabajadores

Entre los puntos cuestionados por ATE se encuentran las condiciones que deberían aceptar quienes decidan adherir al programa. Según el proyecto citado por el gremio, los trabajadores que se incorporen no podrían volver a desempeñarse en el Sector Público Nacional durante ocho años.

Además, los puestos que queden vacantes no podrían cubrirse durante un período mínimo de dos años, una disposición que la conducción sindical considera perjudicial tanto para el empleo como para el funcionamiento de los organismos estatales.

El régimen estaría dirigido al personal de planta permanente de la Administración Pública Nacional centralizada, comprendido en la Ley 25.164, y a trabajadores con contratos por tiempo indeterminado bajo la Ley de Contrato de Trabajo. Quedarían excluidas determinadas modalidades contractuales sin estabilidad, así como personas alcanzadas por sumarios o que ya hubieran presentado su renuncia, según la información difundida.

Otro de los aspectos señalados es que los trabajadores con mandato sindical vigente o que sean candidatos a delegados deberían renunciar a esa condición para adherir al programa, de acuerdo con el proyecto mencionado.

Para Aguiar, estas condiciones ponen en discusión la libertad de decisión de los empleados públicos. “Si verdaderamente es voluntario, ¿por qué están amenazando a los trabajadores?”, planteó, y denunció que algunos funcionarios presentarían la adhesión como una alternativa frente al pase a disponibilidad y un eventual despido.

ATE denuncia un ajuste sobre el empleo público

El titular de ATE Nacional también rechazó los argumentos vinculados con la reducción del gasto estatal y cuestionó que la salida de trabajadores pueda derivar en la contratación de consultoras privadas para desarrollar tareas que antes realizaba personal de la administración pública.

“Esto no lo están haciendo para ahorrar porque pagan miserias para que te vayas y después contratan una consultora de Sturzenegger para que haga lo mismo que hacías vos pero cobrando millones de dólares por mes”, sostuvo.

El dirigente consideró que el mecanismo podría utilizarse para reemplazar las garantías vinculadas con la estabilidad del empleo público por acuerdos de desvinculación. También cuestionó que las vacantes no puedan cubrirse durante dos años y advirtió sobre las consecuencias que esa restricción podría tener en la prestación de servicios esenciales.

Desde el sindicato remarcaron que la salida de trabajadores con experiencia y trayectoria podría debilitar las capacidades técnicas de distintos organismos, en un contexto en el que la administración nacional ya atraviesa un proceso de reducción de personal.

Aguiar, además, comparó la iniciativa con las políticas de retiros voluntarios aplicadas durante la década de 1990 y sostuvo que aquellas medidas no representaron una solución para los trabajadores afectados.

Cómo se aplicarían los retiros voluntarios

De acuerdo con la descripción del proyecto difundida por el gremio, el régimen contemplaría tres grupos de trabajadores: quienes ya alcanzaron la edad jubilatoria y reúnen los años de aportes necesarios; quienes están en edad de jubilarse, pero todavía necesitan completar aportes; y los empleados más jóvenes que decidan desvincularse del Estado.

Para el primer grupo, el documento establecería un esquema de pago equivalente al 60% del sueldo bruto hasta que la persona reúna los requisitos jubilatorios, con un límite de 36 meses. Durante ese período, el Estado continuaría realizando los aportes y contribuciones previsionales y de obra social calculados sobre el salario, según el texto citado.

Las condiciones específicas de adhesión, los alcances definitivos y la implementación del programa dependerán de la versión final de la normativa. Al momento de la información difundida, el régimen era presentado como un proyecto de decreto en trámite.

ATE Capital convoca a delegados y prepara una respuesta

El rechazo también se expresó desde ATE Capital, que convocó a un plenario de delegados para analizar el escenario y definir los pasos a seguir frente a la iniciativa oficial.

Desde la organización cuestionaron las políticas de reducción del Estado y trazaron un paralelismo con las medidas implementadas durante la presidencia de Carlos Menem, cuando los retiros voluntarios y las desvinculaciones acompañaron procesos de privatización, concesión o disolución de empresas públicas y organismos estatales.

El sindicato mencionó como antecedentes los casos de los ferrocarriles, Entel, YPF, Correo Argentino y Vialidad, entre otros sectores que atravesaron profundas transformaciones durante aquella década.

En ese marco, ATE Capital sostuvo que el deterioro salarial, la incertidumbre laboral y la pérdida de derechos exigen fortalecer la organización colectiva para defender los puestos de trabajo.

Por su parte, Aguiar anticipó que el sindicato enfrentará el proyecto con medidas de acción directa y llamó a impedir el desmantelamiento de la estructura estatal.

La iniciativa abre así un nuevo frente de conflicto entre el Gobierno nacional y los trabajadores estatales. Mientras el Ejecutivo avanza con un esquema de desvinculaciones, ATE advierte que el alcance de la medida excede la situación individual de quienes adhieran y pone en discusión la continuidad de puestos de trabajo, la capacidad operativa de los organismos públicos y la prestación de servicios a la ciudadanía.