El último informe del Indec mostró que los salarios tuvieron en julio un avance del 2,2%, superando por escaso margen la inflación del 1,9%. Sin embargo, el resultado se explicó en gran parte por los incrementos aplicados en el sector público provincial, sin los cuales los ingresos hubieran quedado rezagados frente al costo de vida.

Según el organismo estadístico, los trabajadores registrados del sector privado percibieron en promedio una mejora del 2,2%, mientras que los del sector público alcanzaron un 2,3%. En este último grupo, la suba se desagregó en un 0,6% para la administración nacional y un 2,6% en las provincias, donde se concentró el mayor impulso.

De excluirse el efecto de las provincias, el índice salarial apenas habría avanzado un 1,7%, quedando por debajo de la inflación.

En lo que va del año, los sueldos registrados acumulan una suba del 17,1%, levemente inferior al 17,3% que aumentaron los precios. Sin el componente provincial, el incremento cae al 14,8%. Dentro del sector privado registrado la mejora fue de 16,2%, lo que equivale a una pérdida real del 0,9%, mientras que los empleados públicos llegaron al 19,1%. En este último caso, la variación fue de 11,3% en el nivel nacional y 22,1% en el provincial.

Los salarios no registrados, en tanto, exhibieron un alza del 3,6% en julio. No obstante, el dato se publica con varios meses de rezago, por lo que no refleja la coyuntura inmediata.

Un relevamiento de la consultora ACM marcó que entre diciembre de 2024 y julio de 2025 los ingresos del sector registrado tuvieron un retroceso real del 0,1%. En el ámbito privado la baja fue del 0,8%, mientras que en el público se verificó un repunte de 1,7%.

Si la comparación se extiende a noviembre de 2023, mes de inicio de la actual gestión, la foto cambia: el salario privado registrado retrocede 0,2% en términos reales y el público acumula una contracción de 13,9%.

El informe advierte que la recuperación del poder adquisitivo este año es más lenta que la registrada en la segunda mitad de 2024. En paralelo, el Gobierno mantiene la estrategia de “desindexar” las paritarias y pone límites a los acuerdos que superen el 1% mensual, privilegiando la utilización de sumas fijas como alternativa para compensar a los trabajadores.