La Justicia de San Juan condenó a un ex trabajador minero y a su exesposa a tres años de prisión condicional por haberse apropiado de más de 107 millones de pesos que una empresa les transfirió por error tras el despido del empleado.

El caso tuvo amplia repercusión en la provincia debido al monto involucrado y a las circunstancias en que ocurrió la maniobra. Según determinó la investigación judicial, el dinero correspondía a una segunda transferencia realizada accidentalmente por la empresa minera Andina del Sol, operadora del yacimiento Veladero y controlada por capitales canadienses y chinos.

Danny Roberto Sarmiento había sido desvinculado de la compañía luego de quince años de trabajo y recibió la indemnización acordada entre las partes. Sin embargo, apenas dos días después, la empresa realizó por equivocación una nueva transferencia por exactamente el mismo monto: 107.019.000 pesos.

Al detectar el error, representantes de la compañía intentaron comunicarse con el ex trabajador para solicitar la restitución de los fondos. De acuerdo con la causa, en un primer momento Sarmiento aseguró que verificaría la situación y que devolvería el dinero una vez confirmada la acreditación. No obstante, la investigación estableció que, paralelamente, comenzó a mover los fondos y a transferir una parte importante a una cuenta bancaria perteneciente a quien entonces era su esposa, Myriam Mabel Muñoz.

Para los investigadores, la conducta posterior de ambos resultó clave para acreditar la existencia de una maniobra fraudulenta. La fiscalía sostuvo que nunca existió una verdadera intención de devolver el dinero y que las respuestas brindadas a la empresa solo tuvieron como objetivo ganar tiempo para dispersar los fondos.

Con el avance de la investigación, la Justicia ordenó medidas cautelares sobre bienes y cuentas bancarias, incluyendo un embargo millonario destinado a garantizar una eventual recuperación del dinero reclamado.

Durante el proceso judicial, la calificación legal fue modificada y tanto la fiscalía como la querella acordaron encuadrar los hechos bajo la figura de defraudación por engaño, considerando a ambos imputados coautores del delito.

Finalmente, el tribunal resolvió condenarlos a tres años de prisión de ejecución condicional. Debido a que ninguno registraba antecedentes penales, no deberán cumplir la pena en una unidad carcelaria, aunque quedarán sujetos al cumplimiento de diversas reglas de conducta impuestas por la Justicia.

Mientras tanto, el dinero transferido erróneamente continúa sin ser recuperado. Fuentes vinculadas al expediente señalaron que, entre capital e intereses acumulados, la deuda reclamada supera actualmente los 110 millones de pesos.