La delicada situación financiera de Granja Tres Arroyos continúa agravándose. La principal empresa avícola de la Argentina enfrenta una creciente presión judicial por parte de acreedores y proveedores, mientras intenta cerrar una compleja negociación para reestructurar una deuda estimada en 350 millones de dólares. En ese contexto, miles de trabajadores observan con preocupación la evolución de un conflicto que ya impacta en la actividad productiva y en el pago de salarios.

La compañía tiene plazo hasta el próximo 30 de junio para alcanzar un entendimiento con sus acreedores. Sin embargo, en paralelo al proceso de negociación, comenzaron a multiplicarse las presentaciones judiciales que solicitan la declaración de quiebra de la firma por incumplimientos financieros acumulados durante los últimos meses.

La crisis ya había quedado expuesta por los reiterados reclamos sindicales vinculados al pago fragmentado de haberes, la paralización de la planta La China, ubicada en Concepción del Uruguay, y la reducción de los niveles de faena. Ahora, la situación suma un nuevo frente de conflicto con demandas impulsadas por empresas proveedoras de bienes y servicios.

Entre los expedientes presentados figura el caso de una firma proveedora de insumos para la industria alimenticia que reclama más de 133 millones de pesos. La deuda se originó a partir de cheques electrónicos emitidos por la avícola que fueron rechazados por falta de fondos al momento de su cobro.

A ese reclamo se agregó la acción iniciada por la aseguradora de riesgos del trabajo Prevención ART, que exige el pago de más de 4.200 millones de pesos correspondientes a cuotas adeudadas por la cobertura de los empleados entre octubre de 2024 y marzo de 2026, además de los intereses generados por la mora.

También avanzaron reclamos de otras compañías vinculadas a la operatoria de Granja Tres Arroyos. Entre ellas se encuentran proveedores de indumentaria y elementos de seguridad industrial, así como empresas especializadas en logística y almacenamiento frigorífico que reclaman facturas impagas por servicios prestados.

La magnitud de las dificultades económicas también se refleja en los registros del sistema financiero. Datos del Banco Central muestran que la empresa acumula más de 3.200 cheques rechazados por un valor superior a los 54.300 millones de pesos. A ello se suman centenares de cheques sin fondos emitidos por sociedades vinculadas al grupo empresario, lo que evidencia la profundidad de la crisis.

Mientras continúan las negociaciones para evitar un escenario más complejo, la preocupación crece entre los casi 7.000 trabajadores que dependen de la actividad de la compañía. El desenlace de las conversaciones con los acreedores será determinante para definir el futuro de una de las firmas más importantes del sector avícola argentino.