El secretario general de la UTA y titular de la Obra Social de Conductores de Transporte Colectivo de Pasajeros, Roberto Fernández, envió una nota al ministro de Salud, Mario Lugones, en la que planteó un escenario crítico para las obras sociales sindicales y reclamó una intervención de las autoridades para abordar la situación.

En la presentación, Fernández sostuvo que las entidades atraviesan un “estado económico sumamente crítico que compromete su existencia” y advirtió que el deterioro podría impactar sobre el sistema de cobertura de salud de millones de trabajadores y sus familias.

El dirigente recordó que las obras sociales constituyen los principales agentes del Sistema Nacional del Seguro de Salud establecido por la Ley 23.661. En ese marco, señaló que la situación financiera del sector se encuentra condicionada por una combinación de factores que afectan tanto los ingresos como los costos que deben afrontar las entidades.

Menos ingresos y caída de los aportes

Uno de los puntos centrales planteados por Fernández es la pérdida de ingresos provenientes de los trabajadores en relación de dependencia.

Según explicó en la nota dirigida a Lugones, los aportes y contribuciones patronales disminuyeron en términos reales debido a la evolución de los salarios frente al costo de vida. A esto sumó una reducción de la cantidad de trabajadores que realizan aportes como consecuencia de la crisis que atraviesa el transporte automotor de pasajeros.

El titular de la UTA señaló que las dificultades económicas de las empresas del sector también repercuten directamente sobre el financiamiento de las obras sociales.

En ese sentido, sostuvo que la caída de la actividad empresarial puede derivar en cesaciones de pago, concursos preventivos, quiebras o liquidaciones, mientras las entidades de salud mantienen la obligación de garantizar las prestaciones correspondientes a los trabajadores.

Fernández puso el foco particularmente en el desfasaje que, según su planteo, se genera cuando existen dificultades o incumplimientos en los pagos de los empleadores, pero las obras sociales deben continuar brindando cobertura.

El aumento de los costos de las prestaciones

El segundo eje señalado por el dirigente sindical está relacionado con el incremento de los costos del sistema sanitario.

Fernández sostuvo que las obras sociales deben afrontar aumentos en las prestaciones médicas, medicamentos, prácticas y servicios, mientras sus ingresos evolucionan a partir de los aportes vinculados a los salarios de los trabajadores.

La diferencia entre ambas variables, según planteó ante el ministro de Salud, profundiza el deterioro financiero de las entidades.

A este escenario sumó cuestionamientos al funcionamiento de los mecanismos de regulación y control sobre los prestadores de salud.

Reclamo por mayor control estatal

En su presentación, el dirigente de la UTA cuestionó el rol de la autoridad de contralor y sostuvo que los prestadores cuentan, en la práctica, con un amplio margen para modificar sus tarifas.

Según Fernández, esa situación genera una fuerte asimetría de negociación entre las obras sociales y los prestadores, especialmente cuando se trata de entidades con menor capacidad económica.

“Los prestadores de servicios de salud, a pesar de los valores estipulados, en la práctica tienen plena libertad para incrementar sus tarifas en forma unilateral”, sostuvo el dirigente en el escrito.

Para Fernández, la combinación entre la reducción de los recursos disponibles, el aumento de los costos sanitarios y las dificultades de las empresas aportantes conforma un escenario que requiere respuestas de las autoridades nacionales.

Pedido de participación del Gobierno

Frente a este panorama, el titular de la obra social de la UTA reclamó al ministro Lugones una “escucha activa” y una participación política que permita abordar las dificultades que atraviesan las entidades sindicales.

El planteo se suma a los reclamos que distintos sectores vinculados al sistema de salud vienen realizando respecto del financiamiento de las obras sociales y de la evolución de los costos de las prestaciones.

Fernández advirtió que, de no modificarse las condiciones actuales, el deterioro económico podría comprometer la capacidad de las obras sociales para sostener las coberturas destinadas a los trabajadores y sus familias.

El reclamo pone nuevamente en el centro de la discusión el financiamiento del sistema de salud sindical y la relación entre los aportes laborales, los costos de las prestaciones y los mecanismos de regulación estatal.