En un contexto de creciente conflictividad laboral en el sector público, la Asociación Trabajadores del Estado denunció un presunto intento de despido contra la secretaria general del gremio en el PAMI de Rosario, lo que generó un fuerte rechazo sindical y advertencias de medidas de fuerza.

El señalamiento fue realizado por el secretario general nacional de ATE, Rodolfo Aguiar, quien aseguró que la cesantía de Melina Gutiérrez sería “inminente” y la vinculó con los reclamos que la dirigente viene encabezando dentro del organismo.

“La intención de despedirla es gravísima. No se puede descartar que busquen garantizar impunidad frente a denuncias de corrupción que involucran a funcionarios de los policlínicos del PAMI en Rosario”, sostuvo el dirigente.

Tensión por despidos en el Estado

El conflicto se da en medio de una semana atravesada por versiones de nuevas cesantías en organismos nacionales, que podrían alcanzar a miles de trabajadores. Desde ATE advierten que la situación configura un escenario de ajuste que impacta directamente sobre el empleo público.

En ese marco, el posible desplazamiento de Gutiérrez encendió alarmas dentro del gremio, que lo interpreta como una represalia sindical.

Denuncian violación de la tutela sindical

Aguiar también cuestionó la legalidad de la medida al recordar que la dirigente cuenta con tutela sindical, una protección establecida por la legislación laboral que impide su despido o la modificación de sus condiciones de trabajo sin una autorización judicial previa.

“Estamos frente a una aberración jurídica. No sólo se trata de un ataque a los derechos laborales, sino de una violación directa a las garantías sindicales”, remarcó.

Además, destacó que Gutiérrez no solo conduce la representación gremial en el PAMI local, sino que también integra la conducción de una de las seccionales más importantes del país.

Amenaza de medidas de fuerza

Desde ATE anticiparon que, de avanzar la cesantía, podrían definir medidas de acción directa en todo el organismo.

“El sindicato no lo va a permitir. Las autoridades que convaliden este accionar serán responsables de las consecuencias que afecten el funcionamiento del PAMI”, advirtió Aguiar.

El caso suma un nuevo capítulo a la escalada de conflictos entre el Gobierno y los trabajadores estatales, en un escenario marcado por despidos, denuncias cruzadas y creciente tensión gremial.