Un informe revela que solo el 7,4% de las personas pobres en edad laboral está desocupada. La precarización y los bajos ingresos aparecen como las principales causas detrás de la persistencia de la pobreza.

En medio de un debate público que suele vincular la pobreza con la falta de empleo, nuevos datos vuelven a poner en cuestión ese diagnóstico. En Argentina, apenas el 7,4% de las personas en situación de pobreza y en edad de trabajar se encuentra desocupada. Lejos de la idea instalada, la mayoría sí trabaja, aunque en condiciones que no le permiten cubrir sus necesidades básicas.

Según un relevamiento reciente, el 59% de este sector tiene algún tipo de empleo, pero sus ingresos resultan insuficientes para superar la línea de pobreza. A este grupo se suman quienes realizan tareas no remuneradas, como el trabajo doméstico y de cuidados, o se encuentran estudiando, jubilados o con alguna discapacidad.

El dato central que surge del informe es claro: el problema no es la falta de trabajo, sino la calidad del empleo disponible. La precarización aparece como rasgo dominante, con ocupaciones inestables, extensas jornadas laborales y salarios bajos que dificultan cualquier posibilidad de mejora económica.

De hecho, las personas pobres trabajan en promedio 41,8 horas semanales, incluso por encima de quienes están fuera de esa condición. Sin embargo, ese esfuerzo adicional no se traduce en mejores ingresos ni en mayor estabilidad.

Precarización e informalidad, en el centro del problema

Uno de los factores más determinantes es el peso de la informalidad. Mientras que en el total de la población ronda el 30%, entre los sectores pobres alcanza el 59%, más del triple que en los hogares no pobres. Se trata de empleos sin aportes jubilatorios, sin cobertura de salud y con ingresos irregulares, muchas veces vinculados a actividades de la economía popular, changas o plataformas digitales.

En términos sectoriales, el comercio concentra la mayor cantidad de ocupados, aunque en los sectores más vulnerables también se destaca la construcción, por encima de la industria. A su vez, la participación en trabajos calificados o técnicos es significativamente menor entre quienes están bajo la línea de pobreza, lo que limita sus posibilidades de acceder a mejores salarios.

La desigualdad también tiene una fuerte dimensión de género. Una proporción significativa de trabajadoras de casas particulares se encuentra en situación de pobreza, al igual que muchos hogares encabezados por mujeres, lo que expone la necesidad de políticas específicas vinculadas al cuidado.

Cambios en la política social y un escenario en debate

El informe se conoce en un contexto de modificaciones en la política social. El Gobierno nacional avanzó en la reformulación de los programas de asistencia, con el desmantelamiento progresivo de esquemas anteriores y la implementación de nuevas modalidades centradas en la capacitación laboral.

En ese marco, uno de los programas más relevantes será reemplazado por un sistema de vouchers orientado a formación, lo que implicará cambios para más de un millón de beneficiarios. La medida se suma a decisiones previas como el congelamiento de montos y la eliminación de intermediaciones en la gestión de planes.

Para los especialistas, el desafío pasa por diseñar políticas que contemplen la heterogeneidad del universo en situación de pobreza. Entre las propuestas, se destacan la necesidad de ampliar el acceso a la protección social, fortalecer el rol de las provincias y municipios, impulsar políticas de vivienda y avanzar hacia una medición multidimensional de la pobreza.

El diagnóstico que emerge de los datos es contundente: en la Argentina actual, tener trabajo no garantiza dejar de ser pobre. La discusión, entonces, se desplaza desde la cantidad de empleo hacia su calidad, en un escenario donde la precarización se consolida como uno de los principales obstáculos para la inclusión social.