El Consejo Superior aprobó la medida por unanimidad y advirtió sobre el impacto del ajuste en salarios, becas, funcionamiento e investigación.

La Universidad Nacional de Moreno declaró la Emergencia Presupuestaria y Salarial ante el deterioro de sus recursos y el impacto del ajuste aplicado por el Gobierno nacional sobre el sistema universitario. La decisión fue tomada por unanimidad en el Consejo Superior y se enmarca en una situación que ya atraviesan numerosas casas de estudio del país.

Desde la institución señalaron que el presupuesto asignado para 2026 resultó un 15% inferior al solicitado originalmente, lo que agrava un cuadro que se arrastra desde años anteriores. Durante 2025, por ejemplo, los gastos de funcionamiento superaron en un 36% los fondos transferidos por el Estado, obligando a la universidad a cubrir la diferencia con recursos propios y a postergar actividades clave.

Salarios en caída y condiciones críticas

Uno de los puntos más sensibles es el deterioro del poder adquisitivo de docentes y trabajadores nodocentes. Según se detalló, los ingresos del sector acumulan una pérdida cercana al 50% en términos reales desde fines de 2023, producto de aumentos salariales por debajo de la inflación.

La situación alcanza niveles críticos en los cargos iniciales: un docente con dedicación simple percibe actualmente un salario inferior al Salario Mínimo, una condición que desde la universidad califican como incompatible con la función académica.

Becas congeladas y menor financiamiento

El ajuste también impacta en los estudiantes. Las becas permanecen sin actualización y resultan insuficientes para garantizar el acceso y la permanencia en el sistema universitario, lo que pone en riesgo las políticas de inclusión educativa.

A esto se suma la reducción de recursos destinados a infraestructura, investigación científica y extensión universitaria, áreas clave para el desarrollo académico y la vinculación con la comunidad.

Reclamo por la ley de financiamiento

En este contexto, la UNM reiteró el pedido de aplicación de la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria, aprobada por el Congreso en 2025, que establece mecanismos de recomposición presupuestaria y salarial para el sector. La normativa, sin embargo, no se encuentra en plena vigencia tras la decisión del Poder Ejecutivo de suspender su implementación.

Durante la sesión del Consejo Superior participaron representantes gremiales, quienes expusieron la situación crítica que atraviesan los trabajadores universitarios.

Memoria y compromiso institucional

En paralelo, la universidad resolvió incorporar en toda su comunicación institucional la consigna “1976-2026: 50 años por la memoria, la verdad y la justicia. Nunca más”, en línea con las iniciativas del sistema universitario en el marco del aniversario del golpe de Estado de 1976.

La medida refuerza el rol de las universidades públicas no solo en la formación académica, sino también en la defensa de los derechos humanos y la construcción de memoria colectiva, en un contexto marcado por tensiones presupuestarias y desafíos estructurales para el sistema educativo.