La Reforma Laboral impulsada por el Gobierno nacional sumó un nuevo cuestionamiento judicial. La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo declaró la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de los artículos 79 y 94 de la Ley 27.802, al considerar que resultan incompatibles con garantías reconocidas por la Constitución Nacional y tratados internacionales de derechos humanos.

El pronunciamiento se dictó en el marco de una controversia por cesantías aplicadas en la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR). En ese expediente, los jueces Enrique Catani y Gabriela Vázquez analizaron las disposiciones de la reforma vinculadas con la competencia judicial y concluyeron que su aplicación afectaba el derecho de los trabajadores a acceder al fuero laboral.

La decisión representa un nuevo obstáculo para la implementación de algunos aspectos de la denominada Ley de Modernización Laboral, nombre con el que el oficialismo presentó la reforma. El fallo se suma a otros cuestionamientos judiciales que distintos sectores vienen planteando sobre el alcance de los cambios en materia de derechos laborales.

Los artículos cuestionados y el acceso a la Justicia

El eje de la resolución está puesto en los artículos 79 y 94 de la Ley 27.802. Según el análisis de los magistrados, estas disposiciones resultan incompatibles con las garantías que protegen los derechos de los trabajadores y el acceso a una tutela judicial efectiva.

En sus fundamentos, la Sala I sostuvo que la nueva redacción del artículo 20 de la Ley de Organización y Procedimiento de la Justicia Nacional del Trabajo vulnera los artículos 14 bis y 75, inciso 22, de la Constitución Nacional.

Los jueces también señalaron contradicciones con los artículos 8.1, 25 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, además de los artículos 6 y 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).

Estos instrumentos contemplan garantías relacionadas con el debido proceso, la protección judicial y los derechos laborales. Para el tribunal, las modificaciones cuestionadas no podían aplicarse al litigio sin afectar ese marco normativo.

En ese sentido, la sentencia concluyó que correspondía declarar la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de las disposiciones en cuestión para el caso concreto.

La disputa por los despidos en ACUMAR

El expediente se originó en un conflicto vinculado con cesantías en la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo. La controversia llegó a la Cámara luego de una resolución anterior que había sido apelada.

Al revisar el caso, los magistrados revocaron el pronunciamiento cuestionado y determinaron que la causa debe continuar su trámite ante la Justicia Nacional del Trabajo.

La decisión resulta relevante porque ratifica la intervención del fuero laboral en una controversia vinculada con despidos, frente a las modificaciones introducidas por la reforma.

De esta manera, el tribunal no solo cuestionó la validez constitucional de los artículos analizados, sino que también fijó una posición sobre qué ámbito judicial debe resolver el conflicto.

Otro frente de cuestionamientos para la reforma

El fallo vuelve a poner en discusión el alcance de los cambios normativos promovidos por el Gobierno nacional en materia laboral. La resolución advierte sobre los límites que imponen la Constitución y los tratados internacionales cuando una modificación legal puede afectar garantías de los trabajadores.

Sin embargo, la declaración de inconstitucionalidad fue dictada para el litigio específico, por lo que sus efectos no deben interpretarse automáticamente como una anulación general de los artículos cuestionados.

La resolución sí constituye un antecedente judicial relevante para futuras controversias en las que se discuta la aplicación de esas disposiciones y la competencia de los tribunales laborales.

En un escenario de creciente judicialización de la reforma, la disputa por las garantías constitucionales, el acceso a la Justicia y la protección de los derechos laborales continúa abierta. El nuevo pronunciamiento vuelve a colocar a la Justicia del Trabajo en el centro del debate sobre los límites de las transformaciones impulsadas por el Ejecutivo.