El secretario general del gremio de Obras Sanitarias, José Luis Lingeri, lanzó una fuerte advertencia sobre la situación del sistema de salud sindical al asegurar que atraviesa una “crisis terminal”. Lo hizo durante su participación en el programa “Imagen de Trabajo”, producido por el SATSAID, donde analizó el deterioro financiero y estructural de las obras sociales.

Según Lingeri, el sistema se sostiene casi exclusivamente por los aportes de trabajadores y empleadores, en un contexto de retracción estatal. “El Estado no está presente en el financiamiento”, afirmó, al tiempo que vinculó la crisis con la caída del poder adquisitivo de los salarios, que —indicó— impacta directamente en los ingresos de las obras sociales y compromete su funcionamiento.

El dirigente explicó que varias entidades dejaron de operar, otras se encuentran bajo auditoría y algunas directamente no pueden garantizar prestaciones. En ese marco, sostuvo que el escenario actual pone en riesgo la sostenibilidad del modelo solidario que históricamente caracterizó al sistema.

Durante el mismo encuentro, el ex titular de la Superintendencia de Servicios de Salud, Luis Scervino, coincidió en el diagnóstico y remarcó la escasa participación estatal. Señaló que, pese a que la legislación contempla asistencia pública en situaciones críticas, esa ayuda ha sido prácticamente inexistente a lo largo del tiempo.

Scervino también advirtió sobre posibles consecuencias sanitarias a mediano plazo, al alertar que la interrupción de tratamientos por razones económicas podría derivar en un aumento de enfermedades crónicas en los próximos años.

Por su parte, el abogado Oscar Cochlar apuntó contra el impacto del DNU 70/2023, impulsado por el gobierno de Javier Milei. Según sostuvo, esa normativa modificó el esquema de funcionamiento del sistema al introducir una lógica de competencia con las empresas de medicina prepaga, en detrimento del principio de solidaridad que lo regía. “El que más gana financia al que menos tiene, el sano al enfermo. Ese concepto se está perdiendo”, advirtió.

Otro de los puntos críticos abordados fue el financiamiento de las prestaciones vinculadas a discapacidad. Lingeri señaló que una parte significativa de los recursos se destina a este sector, y cuestionó que servicios como transporte o educación recaigan sobre las obras sociales en lugar de ser cubiertos por el Estado. Desde su perspectiva, esta situación agrava aún más el desequilibrio del sistema.

El diagnóstico expuesto refleja la creciente preocupación dentro del sindicalismo por el futuro de las obras sociales, en medio de cambios regulatorios, caída de ingresos y una mayor demanda de prestaciones.