La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) cuestionó con dureza la política crediticia del Banco de la Nación Argentina tras asegurar que cientos de trabajadores estatales no pudieron acceder a préstamos hipotecarios en condiciones similares a las otorgadas a funcionarios del Gobierno.

Según informó el gremio, un total de 714 empleados públicos de distintas provincias iniciaron trámites para solicitar créditos bajo las mismas condiciones —tasas, plazos y montos— que habrían recibido integrantes de La Libertad Avanza. Sin embargo, los resultados fueron ampliamente desfavorables: 623 solicitudes fueron rechazadas de manera casi inmediata y el resto sigue sin aprobación.

El secretario general del sindicato, Rodolfo Aguiar, denunció una marcada desigualdad en el acceso al financiamiento. “Los créditos otorgados a funcionarios no están disponibles para el resto de la población. A los trabajadores se les ofrecen montos hasta diez veces menores y, en la mayoría de los casos, ni siquiera logran calificar”, sostuvo.

De acuerdo al relevamiento, el monto más alto ofrecido a un trabajador estatal fue de 55 millones de pesos, muy por debajo de los valores que —según ATE— recibieron algunos funcionarios, que llegaron hasta los 420 millones. Además, el gremio advirtió que muchos empleados fueron rechazados por no contar con estabilidad laboral, una exigencia que, aseguran, no se aplicó en todos los casos dentro del oficialismo.

Entre los ejemplos citados, ATE mencionó situaciones en las que se evaluaron de manera estricta ingresos, deudas y antecedentes financieros de los trabajadores, mientras que —según denunciaron— esos criterios no habrían sido determinantes para la aprobación de créditos a funcionarios.

El sindicato también puso el foco en las condiciones de financiamiento: mientras que los préstamos a trabajadores contemplan hasta el 75% del valor de la propiedad, en los casos vinculados a funcionarios el financiamiento habría alcanzado hasta el 90%, con tasas más bajas.

Uno de los casos testigo presentados es el de un empleado del PAMI con ingresos superiores a los dos millones de pesos mensuales, que solo calificó para un crédito de 55 millones, cifra que —según datos del sector inmobiliario— resulta insuficiente para acceder a una vivienda promedio.

Desde ATE también señalaron que el nivel de ingresos medio en Argentina, informado por el INDEC, dificulta aún más el acceso al crédito hipotecario para amplios sectores de la población.

Por su parte, desde el Gobierno sostienen que las líneas crediticias están disponibles para todos los ciudadanos en igualdad de condiciones. Sin embargo, el gremio insiste en que existe una brecha concreta entre lo que se anuncia y lo que efectivamente ocurre en la práctica.

El reclamo se suma a una creciente tensión entre el sector público y la administración nacional, en un contexto donde el acceso a la vivienda se mantiene como una de las principales demandas sociales.