La Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) continúa profundizando su política de desregulación en el sector asegurador. En esta oportunidad, a través de una nueva circular, el organismo modificó el procedimiento para la aprobación de cuadros tarifarios de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), luego de que en enero eliminara los límites mínimos y máximos para el establecimiento de alícuotas mediante la Resolución 18/2025.

La decisión forma parte de un proceso más amplio que busca “eliminar normativas arbitrarias e ineficientes”, según argumentó la SSN en el marco de su estrategia de apertura y flexibilización regulatoria. El objetivo, explicaron, es devolver a las aseguradoras la responsabilidad de definir sus políticas de precios, suscripción y retención de riesgos, promoviendo un esquema que evite tanto subvaloraciones peligrosas como tarifas excesivas.

Con la nueva disposición, las ART deberán presentar sus cuadros tarifarios completos para todas las actividades actualmente aprobadas por la SSN. La presentación, que tendrá carácter de Declaración Jurada, deberá estar firmada por el presidente de la entidad y remitida a través del sistema de Trámite a Distancia (TAD), bajo el procedimiento específico destinado a requerimientos técnicos y normativos.

Una de las principales novedades es que las alícuotas deberán presentarse bajo la codificación CIIU Revisión 4, sustituyendo integralmente los cuadros tarifarios anteriores. Además, la obligación alcanza tanto a las alícuotas que se desean modificar como a aquellas que permanecen sin cambios, consolidando así una base tarifaria homogénea y actualizada.

Desde el sector asegurador, la medida genera expectativas divididas. Mientras algunos valoran la posibilidad de mayor flexibilidad para fijar precios acorde a los riesgos reales, otros advierten sobre la necesidad de contar con mecanismos de supervisión eficaces para evitar prácticas desleales o distorsiones de mercado.

La modificación del régimen de alícuotas se enmarca en una serie de reformas impulsadas por el Gobierno nacional en busca de “modernizar y liberalizar” el sistema económico, una estrategia que también ha generado críticas por sus posibles impactos en sectores sensibles.