El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires avanzó finalmente en la regulación de las plataformas digitales de transporte de pasajeros y abrió un nuevo escenario para aplicaciones como Uber, DiDi y Cabify, que deberán cumplir requisitos obligatorios de habilitación, seguridad y tributación para operar en territorio porteño.
La medida fue oficializada mediante una resolución de la Secretaría de Transporte de la Ciudad y representa el primer marco regulatorio específico para las denominadas Empresas de Redes de Transporte (ERT), luego de más de una década de conflicto con el sector taxista.
Entre los puntos centrales de la normativa se establece que las plataformas deberán constituirse legalmente en el país, fijar domicilio especial en la Ciudad e inscribirse ante la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos para tributar localmente.
Además, las empresas tendrán la obligación de garantizar que sus conductores cuenten con licencia profesional categoría D1 —la misma exigida para taxistas—, sean mayores de 21 años y presenten certificados de antecedentes penales actualizados anualmente.
La regulación también incorpora exigencias para los vehículos afectados al servicio. Las unidades deberán tener Verificación Técnica Vehicular vigente para transporte de pasajeros y seguros específicos habilitados por la Superintendencia de Seguros de la Nación.
Otro de los puntos destacados es que las plataformas pasarán a ser responsables directas del cumplimiento de las condiciones exigidas por el Gobierno porteño y deberán mantener bases de datos actualizadas sobre choferes y vehículos a disposición de las autoridades.
La resolución fija además un plazo de 90 días para que las aplicaciones acrediten su constitución legal e inscripción tributaria, y 120 días para que todos los conductores obtengan la licencia profesional correspondiente.
Desde el sector taxista la medida fue recibida como un triunfo después de años de reclamos por lo que consideraban una situación de competencia desigual frente a las aplicaciones digitales.
El secretario general de la Federación Nacional de Conductores de Taxis, José Ibarra, destacó el diálogo abierto con la gestión de Jorge Macri y aseguró que por primera vez un jefe de Gobierno abordó formalmente la problemática del sector.
“Después de más de diez años de lucha, vemos con agrado que ahora las aplicaciones tengan que sacar registro profesional, presentar antecedentes penales y contar con seguros específicos para pasajeros”, sostuvo el dirigente.
Ibarra también remarcó que el gremio continuará impulsando modificaciones legislativas para profundizar la regulación y planteó una fuerte oposición al transporte de pasajeros en motocicletas.
“Bajo ningún punto de vista vamos a aceptar el moto-taxi. Eso representa un riesgo enorme para la seguridad de los ciudadanos”, afirmó.
El dirigente recordó además que el sector viene trabajando junto a legisladores porteños en un proyecto integral para regular definitivamente las plataformas y equiparar condiciones con el servicio de taxi tradicional.
La nueva normativa marca un cambio importante en la política de transporte de la Ciudad, que durante años permitió el funcionamiento de las aplicaciones sin un encuadre regulatorio específico y ahora busca establecer reglas comunes para todo el sistema de transporte urbano de pasajeros.