El Gobierno acelera el ajuste en el INTA: ya hubo 420 adhesiones al retiro voluntario y buscan llegar a 1.200 bajas
Política gremial Viernes 22 de Mayo de 2026
El plan de retiros voluntarios impulsado por el Gobierno nacional en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria ya sumó alrededor de 420 adhesiones en apenas dos semanas, aunque la cifra todavía se encuentra lejos de la meta oficial de 1.200 desvinculaciones. La medida forma parte del proceso de ajuste y reestructuración promovido por la administración de Javier Milei sobre uno de los organismos científicos y tecnológicos más importantes del país.
La convocatoria permanece abierta desde el 4 de mayo y continuará hasta el 15 de junio. El objetivo oficial apunta a reducir cerca del 21% de la planta laboral del INTA, que hasta antes del inicio del programa contaba con aproximadamente 5.750 trabajadores entre personal técnico, administrativo, investigadores y especialistas distribuidos en estaciones experimentales de todo el país.
Sin embargo, dentro del organismo reconocen que el número de adhesiones quedó por debajo de las expectativas iniciales y generó preocupación en distintos despachos oficiales. Según trascendió, si no se alcanza la cantidad prevista de retiros, el Ejecutivo analiza avanzar con otras herramientas de ajuste, entre ellas el pase de trabajadores a disponibilidad y nuevos recortes presupuestarios.
Uno de los principales obstáculos para que más empleados acepten el retiro voluntario es el reconocimiento de la antigüedad acumulada en planta no permanente. Actualmente, las compensaciones económicas solo contemplan los años trabajados en planta permanente, dejando afuera períodos que en muchos casos superan una década de servicio.
Esa situación mantiene en suspenso a numerosos trabajadores que esperan una modificación en las condiciones antes de tomar una decisión definitiva. Fuentes vinculadas al organismo señalaron que muchos empleados podrían adherirse sobre el cierre del plazo si finalmente se incorporan esos años al cálculo indemnizatorio.
En el retiro voluntario implementado anteriormente, que alcanzó a casi 300 trabajadores, sí se había reconocido la antigüedad correspondiente a planta transitoria. Por eso, dentro del INTA consideran que el actual esquema ofrece condiciones menos favorables para quienes sostuvieron durante años tareas técnicas y científicas bajo modalidades precarias.
En paralelo, comenzó a mencionarse la posibilidad de que la Fundación ArgenINTA participe en el financiamiento del reconocimiento de esos períodos laborales. Según fuentes cercanas a las negociaciones, el monto necesario rondaría los 2.000 millones de pesos.
La fundación funciona como unidad de vinculación tecnológica y administra proyectos financiados por organismos internacionales, empresas y entidades públicas vinculadas al desarrollo agropecuario, la innovación productiva y la seguridad alimentaria.
Dentro del organismo crece además la preocupación por el impacto que la reducción de personal pueda tener sobre las capacidades científico-tecnológicas del país. El programa de retiros incluye tanto a trabajadores administrativos como a profesionales especializados de las estaciones experimentales, donde se desarrollan investigaciones clave para la producción agropecuaria y la transferencia tecnológica al sector productivo.
En el INTA advierten que la salida de cientos de técnicos, investigadores y especialistas podría provocar pérdidas difíciles de revertir, especialmente en áreas donde la formación de recursos humanos demanda años de experiencia acumulada.
El costo estimado del programa asciende a más de 101 mil millones de pesos, contemplando compensaciones y actualización de partidas presupuestarias. Aun así, dentro del Gobierno sostienen que alcanzar la meta de retiros permitiría evitar recortes adicionales en programas técnicos y de investigación.
En cambio, si el número final queda por debajo de lo proyectado, crece el temor a una profundización del ajuste. Entre las alternativas que ya comenzaron a circular aparece una eventual intervención de la Agencia de Administración de Bienes del Estado para avanzar en la venta de tierras pertenecientes al INTA, además de nuevas reducciones de presupuesto y actividades.














