El abogado laboralista Jorge Samouelian, especialista en asesoramiento a empresas y cámaras empresarias, expuso una mirada crítica pero propositiva sobre la legislación laboral argentina y la necesidad de una modernización integral que acompañe la recuperación económica y facilite la creación de empleo registrado.

El letrado participará hoy a las 20 en una charla organizada por la Fundación Andes titulada “Modernización laboral: entre lo ideal y lo posible. La necesidad de establecer por ley los montos a pagar en juicio”, donde desarrollará en profundidad los ejes de su planteo.

Modernización vs. reforma: un cambio conceptual

Samouelian comenzó aclarando que prefiere hablar de modernización laboral y no de reforma, porque históricamente las “reformas” se asociaron a intentos de perjudicar al trabajador.

“Nada de lo que proponemos está destinado a afectar derechos. El objetivo es generar empleo registrado. Trabajador y empleador no son enemigos: uno no existe sin el otro”, afirmó.

Con más de 30 años de actividad profesional, especialmente en el asesoramiento a pymes, sostuvo que el sistema actual quedó anclado en la lógica de la Ley de Contrato de Trabajo de 1974, nacida en un contexto de pleno empleo y hoy insuficiente frente a una economía marcada por la informalidad y la caída del empleo en blanco.

“La ley laboral no puede ser un obstáculo para contratar”

Para Samouelian, cualquier modificación laboral por sí sola no genera empleo —eso depende de la macroeconomía—, pero sí puede evitar que las empresas se enfrenten a riesgos imprevisibles cuando intentan contratar.

“Nuestra obligación como laboralistas es que, cuando las condiciones económicas mejoren, la legislación no sea un freno. Hoy lo es. Las pymes viven con miedo a los juicios laborales porque no pueden prever su costo.”

El problema central: la imprevisibilidad del monto final de los juicios

El abogado advirtió que el mayor problema del sistema actual no es la indemnización base —artículo 245, que establece un mes por año trabajado— sino la actualización judicial de los créditos laborales, que genera una bola de nieve incalculable para las empresas.

Recordó que:

• Desde la convertibilidad está prohibida la indexación directa.

• La Justicia nacional adoptó durante años un sistema de “actualización indirecta” mediante tasas activas del Banco Nación.

• Desde 2022 se sumó la capitalización anual de intereses, un mecanismo que calificó como “anatocismo encubierto”.

“De 1 millón de pesos iniciales, un juicio podía terminar en 50 millones. No hay empresa que soporte eso. Es inviable.”

Indemnizaciones agravadas: por qué se eliminaron

Samouelian defendió la derogación de las indemnizaciones agravadas creadas por la Ley de Empleo (24.013) y la Ley 25.323, que multiplicaban por dos o tres el costo del despido cuando había irregularidades registrales.

Explicó que:

• La Ley de Empleo estableció un blanqueo por 90 días en 1991.

• Pero las sanciones por no blanquear siguieron vigentes durante 32 años.

• En muchos casos, un juicio pasaba de 12 sueldos a 33 o incluso 63 sueldos, cifras imposibles de afrontar.

“Los legisladores creyeron que penalizar más iba a reducir el empleo en negro. La realidad mostró lo contrario: aumentó la informalidad y se multiplicaron los conflictos.”

Aclaró que las multas estatales por trabajo no registrado siguen existiendo; lo eliminado fue el incremento indemnizatorio a favor del trabajador.

Trabajo en negro: una práctica que termina siendo un boomerang

El abogado subrayó que las empresas que recurren a la informalidad por desconocimiento o desesperación terminan expuestas al peor escenario:

“Tener gente en negro es subir a un ring con Mike Tyson. No hay defensa posible. Si hay fraude laboral, el empleador pierde el juicio de manera automática.”

Señaló que muchas pymes creen equivocadamente que evitar aportes y cargas sociales las alivia, cuando en realidad quedan expuestas a sanciones del Estado, juicios millonarios y riesgo de cierre.

La justicia provincial y los retrasos que multiplican los conflictos

En el diálogo también se abordaron las diferencias entre jurisdicciones. En algunas provincias, explicó el entrevistador, tribunales demoran dos o tres años solo para dictar la “vista de causa”, lo que hace que las deudas laborales queden totalmente desactualizadas frente a la inflación.

Samouelian coincidió en que la imprevisibilidad alcanza niveles críticos:

“No podemos seguir con un sistema donde un sueldo base de hace años se vuelve imposible de actualizar sin arbitrariedad. Eso lleva a la especulación y destruye la seguridad jurídica.”

El objetivo de la modernización: un sistema tarifado y previsible

Finalmente, el abogado remarcó que la modernización laboral no apunta a reducir derechos, sino a volver al sistema tarifado original, claro y previsible:

• Indemnización por despido sin causa: 1 sueldo por año.

• Preaviso.

• Liquidación final.

• Sin multiplicadores ni penalidades que distorsionen el monto.

Y pidió que el Congreso y la Justicia trabajen para establecer un método objetivo de actualización, que evite fallos imprevisibles y montos impagables.

“La modernización debe asegurar empleo, previsibilidad y un sistema justo. Si seguimos chocando contra el mismo iceberg, vamos a seguir cerrando empresas y perdiendo empleo registrado.”