La Justicia de Córdoba resolvió elevar a juicio la causa judicial contra el dirigente sindical Federico Giuliani, secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Córdoba y de la CTA Autónoma en la provincia. El proceso está vinculado a los incidentes registrados durante una protesta realizada en agosto pasado frente a una dependencia municipal.

La decisión fue adoptada por la fiscalía de instrucción a cargo de Horacio De Aragón, que dispuso avanzar hacia la instancia de juicio por los hechos ocurridos el 28 de agosto durante una manifestación frente a la Secretaría de Políticas Sociales de la Municipalidad de Córdoba.

Desde el gremio rechazaron la medida judicial y denunciaron que se trata de una investigación con irregularidades que busca criminalizar la protesta social. Según sostuvieron en un comunicado, aquel día la movilización terminó con un operativo policial que derivó en la detención de dirigentes sindicales, militantes y trabajadores que participaban del reclamo.

Entre los arrestados se encontraba Giuliani, quien —según denunciaron desde el sindicato— permaneció durante 24 horas esposado a una cama de hospital tras su detención. La situación fue calificada por la organización como un hecho de “extrema gravedad institucional”.

Durante el procedimiento también fueron detenidas otras personas vinculadas a la protesta, entre ellas la dirigente Silvia Alcoba, secretaria adjunta de la CTA Córdoba. Además, el gremio señaló que fueron arrestados el secretario de Derechos Humanos del sindicato, César Theaux, quien se encontraba brindando asistencia legal, y el periodista Fermín Denipoti, que estaba cubriendo los acontecimientos.

Todos los detenidos fueron trasladados al Complejo Carcelario de Bouwer, lo que, según ATE Córdoba, evidencia el carácter indiscriminado del operativo.

En su planteo, la organización sindical cuestionó además varios aspectos del expediente judicial. Entre ellos mencionó supuestas inconsistencias en testimonios que afirman haber presenciado los hechos desde el interior del edificio municipal, pese a que —según indicaron— las ventanas del lugar se encuentran cubiertas con ploteos que impedirían la visibilidad hacia el exterior.

También criticaron la falta de individualización concreta de las conductas atribuidas a los manifestantes y señalaron que en el expediente no figura la intervención de un subdirector policial que habría participado del operativo.

Ante este escenario, desde ATE Córdoba interpretan la elevación a juicio como un intento de disciplinar a las organizaciones sociales y sindicales que impulsan protestas contra las políticas de ajuste. “Defender el derecho a protestar es defender la democracia”, señalaron desde el gremio, que adelantó que continuará denunciando lo que considera un caso de persecución judicial contra dirigentes y trabajadores.