La discusión sobre la austeridad fiscal y la eficiencia del gasto público puede resultar legítima en determinados ámbitos del Estado. Sin embargo, lo que está ocurriendo con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) excede largamente cualquier debate presupuestario: se trata del avance de un modelo de país que prescinde de la industria nacional, debilita las capacidades estatales y prioriza las finanzas y la exportación primaria por sobre el desarrollo productivo.

El proceso de desmantelamiento del INTI se inscribe en una estrategia más amplia que incluye ataques sistemáticos a instituciones clave del entramado científico y social argentino, como las universidades públicas, el Hospital Garrahan, el sistema científico-tecnológico en su conjunto y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). En todos los casos, lo que está en juego es la pérdida de capacidades construidas durante décadas y el deterioro de organismos que fueron pilares del desarrollo económico y social.

Un rol estratégico para la industria nacional

El INTI cumple dos funciones centrales. Por un lado, asiste y transfiere tecnología al sector privado, especialmente a las pequeñas y medianas empresas industriales. Por otro, es la autoridad de referencia en metrología, calidad y certificación, un área crítica para garantizar la seguridad, la competitividad y la confiabilidad de productos y procesos industriales.

En materia de asistencia productiva, el organismo acompaña a miles de pymes mediante el trabajo de técnicos especializados y una red federal compuesta por 46 centros tecnológicos y 20 plantas piloto. Se estima que el INTI brinda apoyo directo a unas 11.000 pymes por año, en sectores estratégicos como alimentos, química, nanotecnología y biotecnología. Este esquema de articulación público-privada fue, con matices, una política de Estado sostenida desde el retorno de la democracia.

En paralelo, el INTI cumple un rol clave en la vida cotidiana de la población: certifica que los juguetes no contengan materiales tóxicos, controla el volumen de combustible que se expende en los surtidores, calibra balanzas para el comercio de granos, verifica autopartes de seguridad, controla la calidad de los aceros para la construcción y evita el uso de pinturas con plomo, entre muchas otras tareas esenciales.

La avanzada desreguladora

Desde el inicio de la actual gestión nacional, el organismo atraviesa una profunda reestructuración que implicó el retiro del Estado de múltiples funciones de control y regulación, muchas de las cuales fueron directamente eliminadas o trasladadas al sector privado.

Según un relevamiento del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el Gobierno avanzó en la desregulación de áreas sensibles que estaban bajo la órbita del INTI, entre ellas:

• La suspensión del control de trazabilidad del ganado.

• La reducción drástica de controles en cemento, acero y materiales industriales.

• La eliminación de certificaciones para radiadores, colectores solares y placas cerámicas.

• El levantamiento de controles obligatorios en cubiertas y cámaras de bicicletas.

• El cierre de auditorías industriales para caucho y rodajes.

• La eliminación del Certificado de Homologación de Autopartes de Seguridad (CHAS).

• La supresión de controles en instalaciones eléctricas, tableros de madera y electrodomésticos.

• La desregulación de instrumentos de medición, pasando la autoridad regulatoria al sector privado.

“Se están dejando de brindar servicios del ámbito de la regulación. Algunas funciones se eliminan y otras pasan al sector privado, que en muchos casos no tiene ni la experiencia ni la infraestructura para reemplazar al INTI”, explicó una fuente con trayectoria en el organismo.

Recortes, despidos y pérdida de capacidades

El ajuste también se expresó en términos presupuestarios y laborales. Fuentes internas estiman que el INTI perdió alrededor del 30% de su personal, principalmente a través de retiros voluntarios. A nivel financiero, el CEPA calculó que en 2025 el organismo contó con apenas el 40,5% del presupuesto real que tenía en 2023.

Esta combinación de recortes y desregulación facilita el ingreso de importaciones de baja calidad, reduce los estándares de seguridad para los consumidores y debilita las herramientas con las que cuentan las pymes para innovar y competir, especialmente en las economías regionales.

Además, el ingreso de productos descartados en mercados más exigentes golpea de lleno a la industria nacional y profundiza el proceso de desindustrialización que atraviesa la economía argentina.

Silencios que también pesan

Resulta llamativo el escaso nivel de reacción del sector empresario frente al desguace del INTI, pese a que históricamente se benefició de sus servicios técnicos y de certificación. No obstante, este silencio no sorprende si se tiene en cuenta la persistente subestimación del rol del Estado y de las instituciones públicas en los procesos de desarrollo económico.

Si bien la relación entre el INTI y el sector privado no estuvo exenta de tensiones —como los reclamos del sector automotor por los tiempos de certificación—, nada de ello justifica el vaciamiento de una institución estratégica para el país.

El debilitamiento del INTI no es un hecho aislado, sino una decisión política que refleja una concepción de país sin industria, sin ciencia aplicada y sin desarrollo tecnológico propio. Un camino que deja al Estado sin herramientas, a la producción sin respaldo y a la sociedad más expuesta a productos inseguros y de menor calidad.