El Ministerio Público Fiscal de la provincia de Buenos Aires y la Asociación de Aseguradores Argentinos (ADEAA) firmaron una serie de convenios de cooperación destinados a fortalecer las investigaciones judiciales, mejorar la prevención del delito y optimizar el intercambio de información en casos vinculados al fraude en el sector asegurador.

Los acuerdos fueron rubricados por el procurador general bonaerense, Julio Conte-Grand, en representación del organismo judicial, y por el presidente de ADEAA, Aldo Álvarez, en nombre de la entidad que nuclea a unas 30 compañías de seguros de capital nacional y privado.

Se trata de una iniciativa inédita en el ámbito asegurador que busca articular el trabajo entre el sector público y privado frente a un fenómeno que impacta de manera directa en los costos del sistema y en la litigiosidad, especialmente en territorio bonaerense.

Tres ejes de cooperación

El entendimiento se estructura en tres convenios. El primero establece un marco general de colaboración, que crea un espacio institucional permanente para el intercambio de información, la coordinación de acciones conjuntas y la realización de reuniones periódicas. El objetivo es fortalecer la seguridad pública, mejorar el acceso a la justicia y optimizar los servicios que ambas instituciones brindan a la sociedad.

En segundo término, se firmó un convenio específico de capacitación, que prevé el desarrollo de programas de formación continua, cursos y jornadas técnicas. En este esquema, el Ministerio Público aportará especialistas para la capacitación, mientras que ADEAA se encargará de la organización y los recursos logísticos.

El tercer acuerdo corresponde a un convenio de cooperación tecnológica, orientado a la implementación de herramientas digitales que permitan un intercambio de información más ágil y seguro. La iniciativa apunta a modernizar los procesos de investigación penal y mejorar la eficiencia en la detección de delitos.

Además, los convenios contemplan la posibilidad de incorporar a otros organismos públicos en las instancias de capacitación y establecer mecanismos de seguimiento para evaluar los avances de los proyectos.

Impacto en un problema creciente

Desde ADEAA destacaron que la firma de estos acuerdos representa un “hito” para el sector, especialmente en la provincia de Buenos Aires, donde se concentra el mayor nivel de litigiosidad del país.

Álvarez subrayó que la articulación entre el sistema judicial y el sector asegurador permitirá “generar herramientas que contribuyan a mejorar la prevención del delito y a fortalecer la seguridad jurídica”, además de acelerar los tiempos de resolución de conflictos y detectar irregularidades que puedan encubrir maniobras ilícitas.

El peso del fraude

El trasfondo de la iniciativa es el fuerte impacto del fraude en el sistema de seguros. Según estimaciones del sector:

• Genera un aumento de entre el 15% y el 20% en el costo de las coberturas.
• Uno de cada tres siniestros denunciados presenta indicios de irregularidades.
• El 65% de los casos investigados corresponde al rubro automotor.
• El 70% de las maniobras se concentra en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Los convenios tendrán una vigencia inicial de dos años, con renovación automática, y no implican compromisos económicos directos entre las partes.

Con este paso, el Ministerio Público bonaerense y el sector asegurador buscan consolidar una agenda común frente a delitos complejos, en un contexto donde la tecnología y la cooperación institucional aparecen como herramientas clave para mejorar la eficacia del sistema judicial.