Los plazos apremian y la presión aumenta dentro del Gobierno Nacional. Fuentes cercanas al Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) aseguran que el titular del organismo, Marco Lavagna, se encuentra incómodo con la demora en la presentación de la nueva medición de inflación, que fue terminada en octubre. Esta nueva fórmula, que entre otros aspectos actualiza los consumos familiares y da un mayor peso a los servicios y tarifas (rubros que más aumentan en la era de Javier Milei), debería haberse presentado en noviembre para entrar en vigencia en 2025. Sin embargo, la política ha intervenido en el proceso.

Fuentes del Fondo Monetario Internacional (FMI) confirmaron a Página 12 que el organismo instó al Gobierno a corregir la medición actual, señalando que no es representativa y debe ajustarse a las prácticas estadísticas internacionales. La nueva fórmula, que incorpora un mayor número de precios y emplea metodologías más actualizadas, fue validada por el FMI a fines de septiembre. Sin embargo, el Gobierno ha optado por postergar su publicación, lo que ha generado incertidumbre y especulación.

¿Por qué el Gobierno posterga la nueva medición?
El principal motivo, según fuentes del Gobierno, es evitar que la nueva medición de inflación, que pondera de forma más significativa los servicios, impacte en la imagen económica del Gobierno antes de las elecciones de 2025. Aunque es cierto que la nueva fórmula podría llevar a un leve aumento en la tasa de inflación, no alteraría la tendencia a la baja de los últimos meses. Sin embargo, al seguir utilizando la antigua metodología, el Gobierno logra evitar que se refleje el peso real que las tarifas tienen en el bolsillo de los argentinos, lo que podría complicar aún más la percepción de la gestión económica.

La estrategia es clara: el Gobierno prefiere que la nueva medición entre en vigencia a partir de 2025, un año en el que esperan haber completado gran parte de la recomposición tarifaria, reduciendo el impacto de los aumentos de servicios como la luz y el gas, que son más inflacionarios en la nueva metodología. Además, se espera que en 2025 no haya incrementos tan frecuentes en servicios como medicina prepaga y colegios privados, que también han generado un fuerte impacto en los hogares argentinos.

El uso de las cifras y el ajuste político
La postergación de la nueva medición del IPC se enmarca dentro de una estrategia más amplia del Gobierno, que ha sido criticado por algunos sectores por el uso político de los indicadores económicos. En el Ministerio de Economía no esconden que, cuando el precio de los alimentos se mantenía bajo, se autorizaban aumentos en los servicios públicos, y cuando los alimentos subían, frenaban las subas de tarifas. De esta forma, se jugó con las cifras del IPC para mantener controlada la percepción de la inflación.

Un ejemplo de esto es que, en línea con las recomendaciones del FMI, el Gobierno ha congelado hasta abril de 2025 la eliminación de los subsidios a las tarifas. Este ajuste estratégico muestra cómo el Gobierno ha intentado compensar las subidas y bajadas de precios para mantener el promedio del IPC bajo control.

La nueva fórmula del IPC: un cambio necesario
La nueva fórmula de medición, que se basa en datos más actuales, incorpora importantes cambios. Por ejemplo, la ponderación de los servicios, que ahora es del 9,44% en el IPC actual, pasaría al 14,5%. Este cambio es significativo, dado que los servicios han aumentado a un ritmo mucho más rápido que otros rubros. En contraposición, el peso de los alimentos en la nueva medición disminuiría ligeramente, pasando de un 26,9% a un 22,7%, lo que podría ser conveniente para el Gobierno en términos de percepción pública, dado que los alimentos son un rubro clave en la medición de inflación.

Asimismo, la nueva medición incluiría 500 mil precios, frente a los 320 mil actuales, lo que haría la medición más precisa. Sin embargo, algunos sectores del Gobierno no ven con buenos ojos este cambio, ya que las tarifas y otros servicios esenciales, como la salud y el transporte, tienen un mayor impacto en el presupuesto familiar que lo que refleja el IPC actual.

Impacto en los índices de pobreza y poder adquisitivo
Además de las implicaciones para la medición de la inflación, la demora en la presentación de la nueva metodología también afecta los cálculos de pobreza e indigencia. Los expertos alertan que, con la actual metodología, no se reflejan adecuadamente las dificultades que enfrentan los hogares para cubrir los costos de servicios y alimentos. Según consultoras como Vectorial, si se aplicara la nueva metodología, la caída en el poder adquisitivo de los trabajadores registrados sería mucho mayor a la que refleja el índice actual. Según los cálculos de esta consultora, la caída real de los ingresos podría alcanzar hasta un 6,9%, en lugar del 1,8% que muestra el IPC actual.

Conclusión
En definitiva, la postergación de la nueva medición del IPC no es un hecho aislado, sino parte de una estrategia política para manejar la percepción pública de la inflación y evitar que el impacto de las tarifas y servicios sea más evidente. Aunque el cambio en la metodología es necesario y se alinea con las recomendaciones del FMI, el Gobierno de Javier Milei parece dispuesto a seguir jugando con las estadísticas para mejorar su imagen económica en un año electoral clave.