El Gobierno nacional ordenó no renovar los contratos de trabajadores estatales mayores de 65 años que no alcancen los 30 años de aportes previsionales, una decisión que generó un fuerte rechazo sindical y abrió un nuevo foco de conflicto en la administración pública. Desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) advirtieron que la medida deja a cientos de empleados sin trabajo, sin obra social y sin acceso pleno a la jubilación.

La resolución fue firmada por el secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Fariña, y establece que las renovaciones contractuales —limitadas a un plazo máximo de seis meses— deberán contar obligatoriamente con la constancia de intimación a jubilarse. En los hechos, la disposición impide la continuidad laboral de quienes, pese a estar en edad jubilatoria, no reúnen los años de aportes necesarios para acceder a un haber completo.

El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, calificó la decisión como “cruel e inhumana” y denunció que empuja a los trabajadores a una situación de desamparo. “Los están obligando a elegir entre una Pensión Universal para el Adulto Mayor o la calle”, afirmó. Actualmente, la PUAM se ubica en $279.443, un ingreso que el gremio considera insuficiente para garantizar condiciones de vida dignas.

Según Aguiar, la medida afecta especialmente a empleados con trayectorias laborales extensas dentro del Estado. “Estamos hablando de personas con 29 años de aportes, a las que se les cierra la puerta del trabajo y también del sistema previsional”, sostuvo. En ese sentido, advirtió que no existen antecedentes de una política de este tipo y remarcó que vulnera el derecho constitucional a la previsión social. “Tiene que ser derogada de manera inmediata”, reclamó.

Desde ATE alertaron que la disposición habilita una nueva ola de despidos encubiertos en el sector público, focalizada en trabajadores próximos a jubilarse. Además, cuestionaron que la resolución no contemple excepciones por razones de criticidad, como aquellos casos en los que el empleado cumple funciones clave, es el único técnico capacitado o integra áreas con dotaciones mínimas.

El dirigente sindical también vinculó esta decisión con otras políticas oficiales que impactan sobre el empleo estatal. “A esto se suma la amenaza de recortar un 20% de la Jefatura de Gabinete, la falta de convocatoria a paritarias y salarios cada vez más deteriorados”, enumeró Aguiar, y advirtió que el Gobierno “acumula medidas contrarias a los intereses de los trabajadores”.

En ese marco, desde ATE anticiparon un escenario de mayor conflictividad si la resolución no es revertida. “Es el propio Gobierno el que está acelerando el conflicto social y sindical”, concluyó Aguiar, al tiempo que no descartó medidas de fuerza en defensa de los trabajadores afectados.