Tras el paro general realizado el pasado 10 de abril, el Ministerio de Seguridad de la Nación presentó denuncias penales contra seis sindicatos por presuntos delitos cometidos durante la jornada de protesta. Las presentaciones, realizadas entre el 11 y el 15 de abril, apuntan contra gremios de fuerte presencia territorial e histórica en el movimiento obrero argentino, como la UOM, SMATA, UOCRA, la Unión Ferroviaria y Obras Sanitarias.

La ofensiva judicial fue encabezada por Fernando Soto, director de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad y mano derecha de la ministra Patricia Bullrich. Las denuncias fueron radicadas en los tribunales federales de Comodoro Py y se caratularon bajo figuras como “atentado contra la autoridad”, “extorsión”, “coacción” y “amenazas”.

Del paro a los tribunales: la avanzada oficial

La primera tanda de denuncias se formalizó apenas un día después del paro nacional convocado por las principales centrales sindicales. El 11 de abril, Soto presentó dos expedientes: uno quedó en el juzgado federal a cargo de Daniel Rafecas, y el otro fue sorteado al juzgado Nº 12, actualmente subrogado por Ariel Lijo, juez promovido por el oficialismo sin éxito para integrar la Corte Suprema.

Cuatro días más tarde, el 15 de abril, la cartera de Seguridad amplió la ofensiva. Se presentaron nuevas denuncias por “extorsión” y “amenazas” contra la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), el Sindicato de Obras Sanitarias del Gran Buenos Aires y la Unión Ferroviaria. Las causas quedaron distribuidas entre los juzgados federales 2, 4 y 12.

La línea 134 y los “más de mil llamados”

Bullrich había anticipado su estrategia horas antes, durante entrevistas radiales, donde afirmó que el Ministerio había recibido “más de mil llamados” a la línea 134 denunciando supuestos “aprietes” para sumarse al paro. Según la ministra, el canal de denuncias colapsó por la cantidad de comunicaciones, muchas de ellas, según indicó, relacionadas con “extorsión y amenazas por parte de gremios”.

La línea 134, utilizada también en protestas anteriores contra organizaciones sociales, fue nuevamente habilitada por el gobierno como mecanismo de recolección de denuncias ciudadanas durante la huelga. “Tuvimos más de mil denuncias. Le pedimos perdón a la gente que llamó y estuvo en espera”, dijo Bullrich. También acusó a los gremios de representar intereses corporativos y de “impedir que el país funcione”.

Un conflicto que escala

La presentación de estas denuncias representa un nuevo capítulo en el creciente conflicto entre el gobierno de Javier Milei y el movimiento sindical. Desde las centrales obreras y los gremios involucrados, se interpreta la ofensiva como un intento de amedrentamiento y criminalización de la protesta.

Fuentes judiciales no descartan que haya más denuncias en otras jurisdicciones del país. Mientras tanto, se espera que en los próximos días los gremios respondan públicamente y evalúen medidas frente a lo que consideran una avanzada política y judicial contra el derecho constitucional a huelga y manifestación.