El Gobierno nacional oficializó este lunes la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso, que se desarrollarán entre el 10 y el 30 de diciembre, con un temario dominado por proyectos económicos, fiscales, laborales, penales y ambientales. La publicación se realizó a través del Decreto 865/2025 en el Boletín Oficial, firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Según lo establecido, durante ese período el Parlamento solo podrá debatir las iniciativas incluidas en el anexo del decreto, encabezadas por el Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para 2026.

Siete proyectos clave: foco en la Reforma Laboral

El Gobierno confirmó además que enviará los textos finales de siete iniciativas estratégicas:

• Ley de Inocencia Fiscal

• Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria

• Ley de Modernización Laboral

• Reforma del Código Penal

• Adecuación del Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial (Ley 26.639)

• (Más las iniciativas económicas incluidas en el temario extraordinario)

Entre ellas, la más observada por el mundo sindical es la Ley de Modernización Laboral, cuyo borrador preliminar —adelantado semanas atrás por InfoGremiales— contempla modificaciones en regímenes especiales, sistemas de indemnizaciones, modalidades de contratación, pasantías y nuevas formas de empleo. Aún resta conocer si el texto enviado al Congreso mantendrá esas disposiciones o incluirá correcciones de última hora.

Alerta sindical mientras se aguarda el texto definitivo

La posible reconfiguración del sistema laboral generó preocupación en centrales sindicales, que esperan conocer el documento final para evaluar su impacto. Entre los puntos en debate figuran cambios en la estabilidad laboral, indemnizaciones y esquemas de contratación.

Otros proyectos destacados

El paquete legislativo también incorpora:

• Una reforma integral del Código Penal, que será enviada en paralelo al Congreso.

• La actualización de la Ley de Glaciares, que buscará compatibilizar la normativa ambiental con proyectos de inversión, especialmente en zonas cordilleranas vinculadas a actividades extractivas.

Con la convocatoria ya oficializada, el Poder Ejecutivo busca aprovechar su nueva mayoría legislativa para avanzar en un conjunto de reformas consideradas centrales para su programa de gobierno.