Un grupo de diputados nacionales vinculados políticamente al gobernador bonaerense Axel Kicillof presentó un proyecto de ley que busca establecer un marco laboral específico para quienes trabajan a través de aplicaciones digitales de reparto y transporte. La iniciativa, encabezada por Hugo Moyano, apunta a reconocer derechos laborales y regular el funcionamiento de las plataformas.

El proyecto cuenta además con el respaldo de legisladores como Hugo Yasky, Jorge Taiana, Santiago Cafiero, Victoria Tolosa Paz, Juan Marino y Sabrina Selva. La intención del sector es que el esquema también sea replicado en la Legislatura bonaerense mediante una normativa provincial.

La propuesta busca regular el vínculo entre las empresas dueñas de aplicaciones y quienes prestan servicios mediante ellas, contemplando aspectos laborales, salariales y de protección social. Entre los puntos centrales aparece la presunción de relación de dependencia, lo que implicaría reconocer derechos laborales básicos para repartidores y choferes que actualmente trabajan bajo esquemas de contratación flexibles.

Uno de los aspectos más novedosos del texto está vinculado al control algorítmico que ejercen las plataformas sobre los trabajadores. El proyecto establece que tanto los empleados como sus representantes sindicales deberán tener acceso a información clara sobre los sistemas automatizados que determinan asignación de viajes, puntajes, bloqueos o sanciones dentro de las aplicaciones.

Además, se prevé la obligación de implementar mecanismos que permitan suspender decisiones automatizadas cuando exista riesgo para los derechos fundamentales de los trabajadores. La iniciativa también reconoce el derecho a conectarse y desconectarse libremente de la aplicación, sin exigencias de permanencia mínima ni sanciones por rechazar pedidos.

En materia de jornada laboral, el texto propone límites similares a los contemplados en la legislación tradicional, incluyendo descansos obligatorios entre turnos y topes máximos de horas trabajadas.

El proyecto incorpora además un régimen sancionatorio para las empresas que incumplan las obligaciones previstas. Entre las faltas consideradas “muy graves” figuran la falta de transparencia en los algoritmos, la negativa a ofrecer revisión humana ante reclamos y las prácticas que afecten la reputación digital de los trabajadores.

En paralelo, el gobierno bonaerense trabaja en una iniciativa propia enfocada en la actividad de reparto mediante aplicaciones. Según trascendió, la propuesta provincial incluiría mayores controles laborales sobre las denominadas “tiendas invisibles”, medidas vinculadas a seguridad y salud laboral y el desarrollo de una aplicación estatal con herramientas de asistencia para repartidores.

El ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, sostuvo recientemente que el crecimiento de este tipo de empleos está directamente relacionado con la crisis económica y la falta de oportunidades laborales formales. Desde la administración provincial consideran que el sector necesita regulación específica para garantizar condiciones mínimas de protección y responsabilidad empresarial.