En medio del conflicto por el vaciamiento del INTI, trabajadores del organismo denunciaron que laboratorios privados y entidades empresarias comenzaron a ofrecerles tareas “por afuera” del sistema público, en lo que califican como una práctica irregular que podría violar la ley de ética pública.

Según señalaron, tras el cierre del área de metrología dispuesto por el gobierno de Javier Milei, comenzaron a recibir correos electrónicos con propuestas para continuar realizando auditorías, ensayos y certificaciones de manera individual, facturando de forma privada servicios que antes se prestaban desde el organismo estatal.

Entre quienes habrían impulsado estos contactos figura el Organismo Argentino de Acreditación, junto con laboratorios de calibración que se vieron beneficiados por la retirada del Estado en estas funciones.

Un esquema cuestionado por ilegal

Los trabajadores advierten que este tipo de ??? ofertas implicaría incumplir normas básicas de la función pública. La legislación vigente establece que los empleados estatales no pueden utilizar conocimientos adquiridos en el ámbito público para beneficio privado ni desarrollar actividades paralelas vinculadas a sus tareas específicas.

“Nos ofrecen facturar de manera individual aprovechando nuestra formación técnica, en un contexto de necesidad económica. Es una presión indirecta para que vulneremos la ley”, explicaron desde el organismo.

Del servicio público al negocio privado

El conflicto se remonta a enero, cuando el Ejecutivo avanzó con el cierre del área de metrología, estratégica para garantizar la precisión de mediciones en sectores clave de la economía: desde surtidores de combustibles hasta balanzas comerciales, instrumentos médicos y procesos industriales.

Históricamente, estos servicios eran prestados por el INTI a costos accesibles, lo que generaba tensiones con el sector privado, que denunciaba “competencia desleal”. Tras una suba de aranceles que no logró revertir esa situación, finalmente se decidió desactivar el área.

Entre los beneficiarios de ese proceso, los trabajadores señalan al grupo Lenor, al que vinculan con la concentración de servicios de medición, especialmente en el control de surtidores de combustible en estaciones de servicio.

“Cacería de talentos” y falta de capacidades

Desde el interior del organismo interpretan las nuevas ofertas como una “cacería de talentos” que deja en evidencia las limitaciones del sector privado para reemplazar al INTI.

“Vienen a buscarnos porque no tienen lo fundamental: nuestra capacidad técnica y experiencia. El equipamiento no alcanza sin personal calificado”, sostuvieron.

En esa línea, remarcan que el desmantelamiento no sólo afecta a los trabajadores, sino también a la calidad y confiabilidad de las mediciones en el país, un aspecto clave para la industria, el comercio y la seguridad pública.

Un proceso de desarticulación más amplio

El cierre del área de metrología se suma a otras medidas que, según denuncian, forman parte de un proceso de vaciamiento institucional. Entre ellas mencionan la disolución del Sistema Argentino de Calibración (SAC), el recorte presupuestario, el congelamiento salarial y la paralización de líneas de trabajo estratégicas.

También recuerdan intentos previos de reforma estructural, como el Decreto 462/25, que buscaba reducir el rol del organismo, y la discusión abierta durante el tratamiento de la Ley Bases.

“Se está avanzando hacia un esquema concentrado, con menos actores y mayor poder en manos de unos pocos laboratorios”, advirtieron.

Mientras tanto, pese a la incertidumbre, los trabajadores aseguran que continúan sosteniendo tareas por compromiso profesional: “No hay una línea institucional clara, pero seguimos adelante porque el INTI lo construimos nosotros. Los funcionarios pasan, pero la capacidad técnica queda”, concluyeron.