El conflicto laboral en el laboratorio Pyam sumó un nuevo capítulo de tensión en la ciudad entrerriana de Gualeguaychú. Ocho trabajadores despedidos mantienen desde hace varios días un acampe con carpa y fogón permanente frente a una de las plantas de la empresa, ubicada en el Parque Industrial local, en rechazo a la propuesta de indemnización presentada por la firma.

La protesta comenzó luego del fracaso de la conciliación obligatoria impulsada por la Secretaría de Trabajo. Según denunciaron los empleados y el Sindicato de Químicos y Petroquímicos, la empresa pretende abonar solo el 50% de las indemnizaciones y hacerlo además en 12 cuotas, una oferta que fue rechazada de plano por los trabajadores.

El conflicto se originó a fines de marzo, cuando varios operarios recibieron llamados telefónicos por parte de la empresa informándoles que quedaban desvinculados y que no debían volver a presentarse en sus puestos de trabajo. Tras el vencimiento de la conciliación obligatoria, el acceso a la planta terminó de bloquearse para el grupo afectado.

La compañía justificó los despidos bajo el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, que contempla reducciones indemnizatorias en casos de fuerza mayor o falta de trabajo. Sin embargo, desde el gremio sostienen que la empresa no acreditó ninguna de esas causales y remarcan que, hasta el momento, no se abonó suma alguna a los despedidos.

El prosecretario gremial del Sindicato de Químicos y Petroquímicos, Martín Gómez, aseguró que la medida de fuerza continuará hasta que la empresa pague “la indemnización completa y en una sola vez”.

La organización sindical acompaña activamente el reclamo y aportó la infraestructura para sostener el acampe frente a la planta. Mientras tanto, los trabajadores que continúan dentro del laboratorio intentan mantener la producción pese a la reducción de personal y al clima de conflicto interno.

Pero la situación excede los despidos. Según denunció el gremio, Pyam arrastra desde hace tiempo una grave crisis financiera que impacta directamente sobre las condiciones laborales. Los trabajadores aseguran que la empresa todavía no abonó los salarios correspondientes a abril y que desde hace más de un año y medio los haberes se pagan de manera fraccionada.

Además, denunciaron que la firma mantiene impagos los aportes jubilatorios y las contribuciones a la obra social desde hace aproximadamente un año. Como consecuencia, la cobertura médica de los empleados se encuentra suspendida, profundizando el escenario de incertidumbre para las familias afectadas.

Con el acampe instalado en la puerta de la planta y sin señales de acuerdo entre las partes, el conflicto amenaza con prolongarse y convertirse en uno de los focos laborales más delicados de la región en las últimas semanas.