El conflicto en el sector pesquero de Mar del Plata sumó un nuevo capítulo tras la denuncia presentada por cámaras empresariales contra el Sindicato de Conductores Navales y Afines (SICONARA), a raíz de las asambleas que el gremio realiza desde comienzos de semana y que mantienen paralizada la operatoria de la flota.

Las entidades que representan a los armadores acudieron a la Secretaría de Trabajo para denunciar lo que consideran una “medida de fuerza encubierta”, al sostener que las reuniones sindicales están provocando demoras en las zarpadas y afectando la actividad.

Denuncia empresaria y reclamo de intervención

La presentación fue impulsada por la Cámara de Armadores de Pesqueros Fresqueros (CaIPA), cuyos representantes afirmaron que la convocatoria a asambleas interfiere de hecho en el normal funcionamiento del sector.

Según señalaron, la imposibilidad de que los buques salgan a zona de pesca genera perjuicios económicos y logísticos. En ese marco, solicitaron a la autoridad laboral que intime al sindicato a cesar las medidas y canalizar los reclamos por vías formales.

“Si bajo la cobertura de una asamblea se interrumpe la actividad, se configura una medida de acción directa”, argumentaron desde el sector empresario, aunque aclararon que no desconocen el derecho a la organización sindical ni a la negociación colectiva.

El trasfondo: paritaria sin acuerdo

Detrás del conflicto se encuentra una negociación salarial aún sin resolver. La marinería y los conductores navales continúan sin cerrar la paritaria, lo que tensó la relación entre las partes.

Desde el gremio sostienen que las asambleas forman parte de su derecho a deliberar y organizarse, en un contexto donde, según denuncian, no hay respuestas satisfactorias por parte de los empleadores.

Actividad paralizada y tensión en aumento

La medida ya lleva varios días y mantiene a la flota fresquera amarrada, con impacto directo en la cadena productiva. La falta de zarpadas no solo afecta a los armadores, sino también a la actividad en tierra vinculada al procesamiento y comercialización del pescado.

El conflicto, que comenzó como una discusión salarial, escaló rápidamente hacia el terreno institucional, con denuncias formales y pedidos de intervención estatal.

Por ahora, sin avances en la negociación, el escenario sigue abierto y la resolución dependerá de la capacidad de las partes para destrabar el diálogo en los próximos días.