El Ministerio de Capital Humano de la República Argentina destacó la decisión judicial que dejó sin efecto la medida cautelar que había suspendido 81 artículos de la Ley de Modernización Laboral N.º 27.802 y aseguró que la norma vuelve a tener plena vigencia mientras continúa el tratamiento de la causa de fondo.

A través de un comunicado oficial, la cartera conducida por Sandra Pettovello celebró la resolución emitida por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 12, que revocó la cautelar impulsada por la Confederación General del Trabajo para frenar parte de la reforma laboral promovida por el Gobierno nacional.

Según expresó el ministerio, el fallo judicial consideró que no estaban reunidos los requisitos legales necesarios para sostener la medida precautoria que había sido dictada previamente por el Juzgado Nacional del Trabajo N.º 63.

Desde Capital Humano remarcaron además que el magistrado laboral que había intervenido inicialmente en el expediente fue declarado incompetente para continuar con el tratamiento de la causa, aspecto que también fue resaltado en el comunicado oficial difundido por la cartera.

El Gobierno sostuvo que la Ley N.º 27.802 constituye “una herramienta fundamental” para impulsar el empleo formal, mejorar la competitividad y fortalecer la seguridad jurídica tanto para trabajadores como para empleadores.

La decisión judicial representa un importante respaldo para la estrategia oficial de avanzar con la reforma laboral impulsada por la administración de Javier Milei, una de las iniciativas más resistidas por las centrales sindicales desde el inicio de la gestión libertaria.

Con la caída de la cautelar, los 81 artículos que habían sido suspendidos recuperaron su vigencia. Entre ellos se encuentran disposiciones vinculadas a jornada laboral, contratación, negociación colectiva, representación sindical, derecho de huelga y período de prueba.

Sin embargo, la discusión judicial todavía no está cerrada. La acción principal presentada por la CGT continuará tramitándose en el fuero Contencioso Administrativo Federal, donde deberá resolverse finalmente la constitucionalidad o no de los artículos cuestionados por el sindicalismo.

Mientras tanto, el Gobierno busca consolidar la implementación de una reforma que considera clave para flexibilizar el mercado laboral y atraer inversiones, en un escenario marcado por la tensión permanente con las organizaciones gremiales.