La muerte de Susana Edith Irazabal, una jubilada y exdirectora del Colegio San Miguel de Coronel Vidal, volvió a poner en el centro de la polémica al Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA). Afiliados autoconvocados denunciaron que la obra social provincial no garantizó la asistencia ni el traslado necesarios para salvarle la vida y señalaron directamente al titular del organismo, Homero Giles, por el “abandono” de los afiliados.

Una cadena de demoras fatales

Según el relato de su hermano, Jorge Irazabal, el sábado 4 de julio Susana se realizó un electrocardiograma en el hospital de Coronel Vidal. El estudio reveló una anomalía y, al regresar al centro de salud, sufrió un infarto.

Aunque los médicos lograron estabilizarla, el hospital no contaba con la aparatología necesaria. Ninguna clínica de Mar del Plata tenía camas disponibles y recién después de múltiples llamados se consiguió una en el Hospital Privado Sudamericano de La Plata. Pero surgió un nuevo obstáculo: en la ciudad no había ambulancias equipadas para un traslado de alta complejidad. La única opción fue esperar una desde La Plata, con un tiempo estimado de más de ocho horas.

Recién al día siguiente, a las 8 de la mañana, Susana ingresó a terapia intensiva. Una hora más tarde, falleció.

“Es una total negligencia y abandono del IOMA. No busco cargos ni beneficios económicos, solo que esta barbaridad no se repita con otro afiliado”, expresó Jorge, visiblemente indignado.

Afiliados acusan desidia oficial

Tras la tragedia, un grupo de afiliados autoconvocados envió una carta a Giles, pero aseguran que el funcionario no dio respuesta. “El pedido es claro: que Homero Giles deje el directorio del IOMA. Mientras esté al frente, no vamos a poder solucionar nada. No lo quieren ni los centros de salud ni los afiliados”, afirmó Adriana Santi, vecina de Mar del Plata.

No es la primera vez que los afiliados reclaman. Semanas atrás, se habían movilizado en la Plaza del Agua junto a usuarios de General Alvarado para visibilizar los problemas de cobertura y turnos, pero tampoco obtuvieron respuestas.

El papel de ACEAPP y las denuncias por negocios privados

En medio del conflicto, los afiliados también apuntaron contra la Asociación Civil de Establecimientos Asistenciales y Prestadores Privados (ACEAPP), la entidad que funciona como intermediaria entre el IOMA y los policonsultorios.

Denunciaron que su presidenta, Silvina Fontana, y el vicepresidente, Julián Fierro, se benefician a través de licitaciones y contratos financiados con fondos públicos. Además, Fontana dirige la empresa RM Salud SRL, que posee al menos cuatro policonsultorios de la misma red, lo que los afiliados consideran un grave conflicto de intereses.

Con el dolor por la pérdida de una afiliada y la indignación de cientos de usuarios, el reclamo por un cambio urgente en la conducción del IOMA vuelve a resonar con fuerza en la provincia.