A partir del 1 de junio, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) pondrá en marcha un nuevo régimen simplificado para el Impuesto a las Ganancias. El objetivo es aliviar la carga administrativa para trabajadores autónomos y mejorar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales. La medida apunta a facilitar la presentación de declaraciones juradas y reducir el nivel de fiscalización tradicional.

El principal cambio será la eliminación del control sobre consumos personales y la obligación de declarar el patrimonio. Desde ahora, la determinación del impuesto se basará únicamente en la facturación y los gastos deducibles. Así, se abandona el modelo que exigía justificar el incremento de bienes año a año, una herramienta clave en el control fiscal vigente hasta el momento.

El anuncio fue realizado en conferencia de prensa por el ministro de Economía, Luis Caputo, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y el titular de ARCA, Juan Pazo. El nuevo régimen regirá para el período fiscal 2025, cuyas declaraciones se presentarán en mayo de 2026. La adhesión será voluntaria y deberá realizarse a través del sitio web de ARCA.

“Buscamos un sistema más ágil y previsible, que centre la atención en lo que el contribuyente factura y deduce, sin invadir su vida personal”, explicó Pazo. Bajo este esquema, el organismo tributario enviará un cálculo estimado del impuesto, que podrá ser aceptado o corregido por el contribuyente.

La iniciativa beneficiará especialmente a profesionales independientes y pequeños prestadores de servicios, quienes enfrentaban un sistema cada vez más complejo. Sin embargo, algunos expertos advierten que el nuevo enfoque reduce significativamente la capacidad de control del fisco. “Es un cambio de paradigma. ARCA dejará de cruzar consumos, ingresos y activos como hacía hasta ahora”, sostuvo Sebastián Domínguez, tributarista y CEO de SDC Asesores.

Pese a la simplificación, los especialistas recomiendan a los contribuyentes mantener sus registros patrimoniales actualizados, ante eventuales auditorías. También alertan que, sin el control sobre la evolución de los bienes, podría crecer la informalidad y debilitarse la fiscalización sobre ingresos no declarados.

Para consolidar el cambio, el Gobierno enviará al Congreso dos proyectos de ley que modificarán la Ley de Procedimiento Tributario y acortarán los plazos de prescripción de deudas fiscales. Con estas reformas, la administración busca alinear el sistema argentino con modelos como el de Estados Unidos, donde las declaraciones de impuestos no incluyen información patrimonial.

En definitiva, se trata de un giro profundo en la política tributaria. Si bien apunta a facilitar el cumplimiento, también genera interrogantes sobre su impacto en la lucha contra la evasión y el control de fondos no declarados.