La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) expresó un fuerte rechazo a la decisión del Gobierno nacional de habilitar a JetSMART Chile para realizar vuelos de cabotaje en Argentina. La medida, oficializada mediante la Disposición 27/2026 de la Subsecretaría de Transporte Aéreo y publicada el 14 de octubre, generó cuestionamientos del sindicato por sus posibles consecuencias sobre la industria aerocomercial y las condiciones laborales del sector.

A través de un comunicado, la organización sindical calificó la autorización como un perjuicio para la actividad aérea nacional, sus trabajadores y los usuarios. Frente a este escenario, la Comisión Directiva de APLA declaró el estado de alerta y movilización y reclamó que se revierta la disposición.

Preocupación por los puestos de trabajo y las condiciones laborales

Uno de los principales argumentos del gremio apunta al impacto que podría tener la apertura del mercado de vuelos internos a una compañía extranjera sobre el empleo argentino. Desde APLA advirtieron que la decisión podría provocar una reducción de puestos de trabajo y profundizar la precarización laboral.

En su pronunciamiento, la entidad también cuestionó el rumbo de la política aerocomercial del Ejecutivo, al considerar que las medidas de desregulación favorecen intereses empresariales en detrimento de los trabajadores y de las capacidades de la industria nacional.

Como antecedente, el sindicato mencionó la situación de Flybondi, a la que atribuyó problemas operativos, pasajeros varados y despidos que, según denunció, se produjeron sin las indemnizaciones ni las protecciones laborales correspondientes.

Para APLA, estos episodios reflejan los riesgos que puede generar un esquema que priorice la reducción de costos y la flexibilización de las condiciones de funcionamiento de las empresas.

Duras críticas a los funcionarios nacionales

El comunicado también incluyó cuestionamientos directos al subsecretario de Transporte Aéreo, Hernán Gómez, y al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, a quienes el sindicato responsabilizó por impulsar una política que, desde su perspectiva, perjudica a la actividad aerocomercial argentina.

La organización sostuvo que la apertura del mercado podría debilitar la estructura productiva del sector y generar una mayor concentración empresarial. Además, advirtió sobre las consecuencias que estas transformaciones podrían tener para los pasajeros, en particular ante eventuales cambios en las condiciones de viaje, cancelaciones, restricciones y deterioro de los servicios.

Las críticas de APLA se inscriben en una discusión más amplia sobre la desregulación del transporte aéreo, la competencia entre compañías y las condiciones bajo las cuales operan las empresas nacionales y extranjeras.

La seguridad operacional, en el centro del reclamo

Más allá de las consecuencias laborales y económicas, el gremio puso el foco en la seguridad de las operaciones aéreas. Para la entidad, la flexibilización de las normas y la competencia basada en la reducción de costos no deben comprometer los estándares de seguridad de la actividad.

«Hay un límite que no se puede cruzar: la seguridad operacional», advirtió APLA en su comunicado.

El sindicato remarcó que la seguridad aérea requiere inversión, personal calificado, controles efectivos y cumplimiento de las regulaciones. En ese sentido, cuestionó cualquier modificación normativa que, a su entender, pueda debilitar esas condiciones.

APLA exige que se revierta la medida

En el cierre de su pronunciamiento, la organización reclamó que el Gobierno deje sin efecto la Disposición 27/2026 y ratificó su decisión de defender los puestos de trabajo y la industria aerocomercial nacional.

«No vamos a aceptar que se rife el trabajo argentino, se desmantele nuestra industria y se ponga en riesgo la seguridad operacional para beneficiar claros intereses corporativos», sostuvo la entidad.

Con la declaración del estado de alerta y movilización, APLA anticipó que mantendrá su reclamo frente a una medida que considera perjudicial para el sector. El conflicto vuelve a poner en discusión el alcance de la política de apertura aerocomercial del Gobierno y sus posibles efectos sobre el empleo, la competencia y las condiciones de seguridad de los vuelos.