El Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires emitió un dictamen que respalda la validez del Artículo 10 del acuerdo paritario del Sindicato de Empleados de Comercio (SEC), permitiendo el pago de sumas no remunerativas a los trabajadores del sector, incluso en ausencia de homologación por parte del Gobierno nacional.

La medida, que fue impulsada por la seccional Lanús-Avellaneda del gremio mercantil, surge como respuesta a denuncias contra empresas que se negaban a cumplir con el acuerdo salarial alegando la falta de aval oficial. La resolución provincial despeja así una zona gris legal, garantizando el cobro de estos montos pactados previamente entre el sindicato y las cámaras empresarias.

El dictamen establece que las sumas acordadas deben ser abonadas a cuenta, hasta tanto el convenio colectivo sea formalmente homologado. A la vez, reconoce la legalidad de los pagos no remunerativos establecidos en paritarias, incluso antes de contar con el aval nacional, reforzando el principio de buena fe en la negociación colectiva.

Desde el Ministerio, conducido por Walter Correa, remarcaron que la decisión apunta a brindar certezas en medio de un escenario de tensión salarial. “Este pronunciamiento resuelve la incertidumbre de los trabajadores y garantiza que se respeten los compromisos asumidos por las partes”, señalaron en un comunicado oficial.

La intervención de la Provincia cobra especial relevancia en el actual contexto, donde el gobierno de Javier Milei ha demorado homologaciones paritarias en línea con su política de contención salarial. En este sentido, la cartera laboral bonaerense justificó su actuación en la necesidad de preservar la paz social y proteger derechos laborales esenciales.

El subsecretario de Relaciones del Trabajo, Andrés Reveles, destacó que la resolución “ratifica el compromiso de la Provincia con los principios fundamentales del derecho laboral, como la irrenunciabilidad de los derechos, la progresividad y la justicia social”.

Con esta decisión, la Provincia de Buenos Aires se convierte en un actor clave en la defensa del poder adquisitivo de los trabajadores mercantiles, frente a una estrategia nacional que busca frenar las mejoras salariales acordadas en las negociaciones colectivas.