La Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales – FATUN) rechazó de plano la propuesta salarial que el Gobierno presentó ante el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para recomponer los ingresos de docentes y NODOCENTES tras el fuerte deterioro presupuestario registrado desde la asunción de Javier Milei.

La oferta oficial contempla un incremento del 12,3% a pagar en tres cuotas del 4,1% (marzo, julio y noviembre) como reconocimiento de lo perdido en 2025, año en el que la inflación acumulada alcanzó el 31,5%. Para 2024, en tanto, el Ejecutivo no propuso ninguna recomposición salarial, pese a que ese año cerró con una inflación acumulada del 118% tras la devaluación de diciembre de 2023.

Desde el gremio que conduce Walter Merkis calificaron la propuesta como un “placebo salarial” y advirtieron que no cubre ni la mitad de lo perdido en 2025, además de omitir completamente la recuperación correspondiente a 2024.

Una negociación forzada por la Justicia

El acercamiento del Gobierno a las universidades se produjo en el marco de la cautelar dictada por el juez Martín Cormick, que obliga al Poder Ejecutivo a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, norma que fue vetada por el Presidente, revalidada por el Congreso y que, según denuncian las casas de estudio, continúa sin aplicarse plenamente.

La semana pasada, representantes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), entre ellos Carlos Greco (Universidad Nacional de San Martín) y Franco Bartolacci (Universidad Nacional de Rosario), se reunieron con el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez. Tras el encuentro, trascendió que el Ejecutivo evalúa introducir modificaciones a la ley para “asegurar previsibilidad fiscal” y “resolver los conflictos legales”.

Sin embargo, el ofrecimiento presentado no contempla la recomposición integral que exige la norma vigente —incluyendo salarios y gastos de funcionamiento desde diciembre de 2023— y se limita a reconocer parcialmente el desfasaje de 2025.

“Sin salarios dignos no hay universidad posible”

En un comunicado difundido tras conocerse la propuesta, la FATUN fue contundente: “Sin salarios dignos no hay universidad posible” y “la Ley de Financiamiento Universitario no se toca”.

El gremio denunció que el Gobierno lleva más de cuatro meses sin cumplir con la ley, desfinanciando a las instituciones y sin convocar a paritarias para discutir los salarios. También cuestionó que la propuesta haya sido presentada a los rectores sin participación directa de las organizaciones sindicales.

Además del 12,3% escalonado para 2025 y el 0% para 2024, el Ejecutivo propuso una reapertura de paritarias cada dos meses durante 2026 para ajustar incrementos salariales y partidas de funcionamiento. No obstante, los detalles —montos, plazos y modalidad— siguen en discusión y dependerían de una eventual modificación normativa.

Salida política ante la presión judicial

Para los gremios, el movimiento oficial no responde a una política universitaria integral sino a la presión judicial. La cautelar vigente obliga al Ejecutivo a cumplir con la ley, que garantiza la recomposición salarial y el financiamiento adecuado de las funciones básicas de las universidades públicas.

En ese escenario, interpretan que el Gobierno busca una salida política que permita cerrar los números fiscales, morigerar el impacto presupuestario y desactivar el conflicto con la comunidad universitaria. Mientras tanto, docentes y NODOCENTES anticipan que sostendrán el reclamo hasta que se garantice una recomposición acorde a la pérdida real de poder adquisitivo.