Un nuevo foco de tensión se abrió en torno a la seguridad nuclear en Argentina luego de que la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) confirmara la existencia de incidentes con materiales radiactivos en la planta de Dioxitek, en Córdoba, desmintiendo así la versión oficial que había negado cualquier tipo de evento.

La controversia escaló tras las declaraciones del secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Nápoli, quien había calificado como “fake news” las denuncias sobre exposición de trabajadores a sustancias como el carbonato de uranio y amonio. Sin embargo, el organismo encargado de fiscalizar la actividad nuclear reconoció que sí se registraron episodios en 2023, 2024 y también en 2025.

Incidentes confirmados

Según la información oficial remitida a la Justicia Federal, durante 2025 se reportaron cuatro incidentes dentro de la planta, dedicada a la producción de combustible para las centrales nucleares de Atucha y Embalse. Desde la ARN aclararon que estos eventos fueron “contenidos dentro de la instalación” y que no constituyeron una emergencia radiológica.

En relación a años anteriores, el organismo detalló al menos dos episodios relevantes:

• Mayo de 2023: incidente operativo sin implicancias radiológicas significativas.
• Junio de 2024: dispersión de material nuclear (AUC) durante tareas de mantenimiento, producto de una manguera desconectada.

En este último caso, un trabajador estuvo expuesto al material, aunque contaba con elementos de protección. Posteriormente fue sometido a controles específicos y, según la evaluación oficial, la dosis recibida fue baja y se mantuvo dentro de los límites permitidos.

Cambio en la versión oficial

El reconocimiento de estos hechos marca un giro respecto a la postura inicial del Gobierno, que había negado categóricamente la existencia de incidentes. Ahora, si bien se admite la ocurrencia de los eventos, se insiste en que no hubo consecuencias para la salud de los trabajadores ni para la población.

La ARN también informó que los episodios fueron reportados oportunamente, auditados mediante inspecciones y que la empresa implementó medidas correctivas. Incluso, se solicitó un informe integral sobre las causas y posibles mejoras en los protocolos de seguridad.

Investigación judicial y reclamos

El caso se encuentra bajo análisis en la Justicia Federal de Córdoba, donde se tramitan denuncias que derivaron en allanamientos a la planta. Las presentaciones se apoyan en informes periodísticos y testimonios que alertaban sobre fallas en los sistemas de seguridad y posibles episodios no informados públicamente.

Además, el conflicto se da en paralelo al debate sobre la continuidad operativa de Dioxitek en la ciudad de Córdoba, donde existen restricciones de uso de suelo vigentes desde hace décadas.

Preocupación y debate abierto

Desde el sector de los trabajadores y especialistas independientes surgieron cuestionamientos a la rapidez con la que se descartaron riesgos sanitarios, señalando que los efectos de la exposición a materiales radiactivos pueden manifestarse a largo plazo.

Mientras tanto, el organismo regulador defendió su accionar y aseguró que actúa bajo estándares técnicos y controles permanentes, con el objetivo de garantizar la seguridad radiológica.

El episodio reaviva el debate sobre los controles en la industria nuclear, la transparencia en la información pública y la necesidad de reforzar los mecanismos de prevención en instalaciones sensibles.