Un informe reciente de la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) encendió nuevas alarmas sobre la situación del sistema universitario argentino. Según el relevamiento, los salarios de docentes y nodocentes acumulan 16 meses consecutivos de caída en términos reales, con una pérdida cercana al 33% desde fines de 2023.

El estudio, elaborado junto al Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (CIICTI), sostiene que el deterioro salarial llevó los ingresos del sector a niveles comparables con los registrados tras la crisis de 2002. Solo en el último año, la caída superó el 10%.

Pérdida sostenida y reclamo de recomposición

De acuerdo al informe, para recuperar el poder adquisitivo previo al cambio de gobierno, los salarios deberían incrementarse cerca de un 48,7%. Este atraso impacta directamente en el funcionamiento del sistema, advierten desde el gremio.

Además del retroceso en los ingresos, el documento señala una fuerte reducción presupuestaria: en los últimos tres años, el financiamiento universitario habría caído más de un 36%, lo que —según el análisis— equivale a haber dejado sin recursos a las universidades durante un año completo.

Medidas de fuerza y plan de acción

En este contexto, el plenario de secretarios generales de FEDUN resolvió profundizar las medidas de protesta. Entre las definiciones, se ratificó un paro nacional de 24 horas para el 31 de marzo, en coordinación con la Federación Argentina del Trabajador de Universidades Nacionales (FATUN).

También se acordó continuar con jornadas de visibilización en todo el país y llevar el reclamo al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), con el objetivo de impulsar un pronunciamiento conjunto sobre la crisis del sector.

Desde la organización remarcaron que la situación actual compromete el normal desarrollo de las actividades académicas en las universidades públicas. “No hay universidad de calidad sin salarios dignos”, sintetizaron.

Un conflicto en escalada

El conflicto universitario se da en un escenario de creciente tensión entre el Gobierno y la comunidad educativa, con reclamos que combinan la cuestión salarial, el presupuesto y la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario.

Mientras tanto, docentes, nodocentes y estudiantes continúan organizando actividades y movilizaciones para sostener el reclamo y advertir sobre las consecuencias del ajuste en el sistema público de educación superior.