La reciente detención en Paraguay del senador entrerriano Edgardo Kueider, quien fue un voto clave en la aprobación de la Ley de Bases y la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, desató una ola de reacciones dentro de la oposición. Dirigentes de izquierda, como Christian Castillo, del Frente de Izquierda, exigieron la anulación de ambas leyes, acusándolas de estar vinculadas a actos de corrupción.

Castillo no dudó en calificar las leyes como "hijas de un acto corrupto", anticipando que se tomarían acciones legales para denunciarlas ante la Justicia. "Estas leyes son el resultado de la compra de votos a cambio de cargos, y por eso vamos a denunciarlas", expresó, señalando que tanto la Ley de Bases como la reforma laboral están "viciadas de nulidad" debido a su vinculación con intereses oscuros.

Por su parte, Myriam Bregman, referente del Partido de los Trabajadores (PTS), recordó las declaraciones previas del propio presidente Milei, quien había hablado de "valijeros" y mencionado explícitamente las acusaciones de coimas, cohecho y dádivas en el Congreso. Bregman subrayó que la Ley de Bases fue aprobada "con una brutal represión para que no se manifieste la oposición social que generaba", agregando que existen crecientes evidencias de compra de votos en su favor. "Perjudica al pueblo trabajador", enfatizó, y convocó a quienes realmente repudian el accionar de Kueider a unirse para anular la ley.

Nicolás del Caño, otro legislador del Frente de Izquierda, también se pronunció sobre el tema, criticando el ambiente dentro del Congreso. "Parece una góndola, donde todos transan, se venden y pactan para trabajar a favor de Milei", afirmó, ironizando con que Kueider "habrá sacado a pasear las coimas que le dieron por votar la Ley de Bases".

La detención de Kueider en Paraguay, quien se encontraba en una situación legal complicada en ese país, ha intensificado las sospechas sobre posibles sobornos y negociaciones irregulares en la aprobación de leyes clave para el gobierno de Milei. Desde la izquierda, se hace hincapié en que la ley debe ser declarada nula debido a su origen "corrupto" y a las consecuencias sociales que implica.