Ginebra fue sede de una de las discusiones más esperadas en el ámbito laboral internacional: la 113° Conferencia Internacional del Trabajo, celebrada en junio de 2025, colocó como punto central de su agenda la cuestión del trabajo decente en la economía de plataformas, un fenómeno creciente impulsado por la digitalización, la reorganización de los modelos de negocio y las nuevas tecnologías.

Este tipo de empleo, cada vez más frecuente en todo el mundo, ha permitido a millones de personas —entre ellas migrantes o trabajadores con baja calificación— insertarse en el mercado laboral. Sin embargo, su expansión ha ido acompañada de severas críticas por la calidad precaria de las condiciones laborales que ofrece: extensas jornadas, falta de acceso a la seguridad social, nula o escasa posibilidad de organización sindical y negociaciones colectivas, y riesgos a la salud sin cobertura alguna.

Durante la conferencia, la delegada Luciana Mercedes Ambrosio participó activamente del debate, destacando las contradicciones inherentes al modelo. Si bien los trabajadores pueden disfrutar de cierta flexibilidad horaria —una ventaja valorada especialmente por quienes tienen responsabilidades familiares—, la ausencia de regulación adecuada convierte a esa libertad en una forma de desprotección.

La OCDE ya había advertido en 2019, en su informe sobre Perspectivas del Empleo, que el trabajo en plataformas requiere un marco normativo mínimo para evitar una mayor fragmentación del mercado laboral y el aumento de las desigualdades. En línea con esa advertencia, el documento base elaborado por la OIT para la conferencia de este año reveló que el desafío normativo es tan urgente como complejo.

Tensiones entre los actores tripartitos

El debate en Ginebra no estuvo exento de fuertes contrapuntos. El sector empleador, por ejemplo, pidió no verse presionado por “expectativas demasiado altas” y defendió la supuesta autonomía de los trabajadores de plataformas. No obstante, esa posición fue cuestionada por considerarse una generalización que ignora a una porción significativa de trabajadores que operan bajo condiciones de dependencia encubierta.

Por su parte, los representantes gubernamentales mostraron posturas divergentes, reflejo de la disparidad entre sus contextos nacionales. Mientras países como India o China concentran una gran proporción de trabajadores digitales, en gran parte del continente africano persisten barreras estructurales como la falta de acceso a internet, lo que condiciona el alcance y la implementación de cualquier regulación internacional.

El sector trabajador, en tanto, fue claro y unánime en sus reclamos: urgencia en establecer normas protectoras en materia salarial, salud, seguridad laboral y libertad sindical para un colectivo que hoy carece prácticamente de cualquier amparo jurídico.

Un consenso difícil pero incipiente

Tras ocho jornadas de arduo debate, los avances fueron limitados, aunque significativos. Se logró acordar el tipo de instrumento normativo a adoptar —una Convención acompañada de una Recomendación— y se consensuaron definiciones clave como “trabajador de plataforma”, “plataforma digital”, “intermediario” y “remuneración o pago”. También se estableció un marco general para el ámbito de aplicación de la futura convención.

Aunque todavía resta un largo camino para alcanzar una regulación global y efectiva, la discusión en la OIT marcó un paso decisivo: poner en el centro de la agenda internacional una forma de trabajo que, pese a su crecimiento explosivo, todavía funciona mayoritariamente en los márgenes del derecho laboral.

La economía de plataformas ha dejado de ser una novedad tecnológica para convertirse en un desafío estructural para el mundo del trabajo. Y ese desafío, como quedó claro en Ginebra, exige respuestas colectivas, equilibradas y urgentes.