El Juzgado Nacional del Trabajo N°10 intimó al Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, a justificar en un plazo de tres días la falta de convocatoria al Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, tras una acción judicial presentada por la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores.

Las centrales sindicales, lideradas por Hugo “Cachorro” Godoy y Hugo Yasky, denunciaron que el Gobierno incumple con su deber legal de convocar periódicamente al órgano tripartito encargado de fijar el piso salarial en el país. La última reunión del Consejo se realizó hace más de seis meses, a pesar de que la normativa vigente establece una frecuencia bimestral.

Un llamado judicial al diálogo tripartito

La resolución judicial surge en el marco de una acción cautelar impulsada por las dos CTA, que reclaman la restitución del diálogo social entre el Estado, los trabajadores y los empleadores.
En su presentación, las organizaciones señalaron que la falta de convocatoria vulnera los principios constitucionales y los convenios internacionales de la OIT que garantizan la negociación tripartita y la fijación consensuada del salario mínimo.

“Se está afectando un derecho fundamental: el de los trabajadores a participar en la definición de un salario digno”, advirtieron los gremialistas en su escrito judicial.

Críticas a la fijación unilateral del salario

Las centrales también cuestionaron la Resolución 5/2025, mediante la cual el Ministerio de Capital Humano impuso por laudo administrativo un aumento del salario mínimo sin acuerdo con las partes.
Según las CTA, esta decisión “carece de validez legal” y contraviene lo dispuesto por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y el artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo, que establecen el derecho de los trabajadores a una remuneración suficiente para garantizar un nivel de vida digno.

Impacto sobre millones de trabajadores

El Consejo del Salario es el ámbito institucional encargado de definir el monto del salario mínimo, vital y móvil, así como las prestaciones por desempleo, con participación de representantes del Estado, de los gremios y de las cámaras empresarias.
Su parálisis, inédita desde su creación, afecta directamente a millones de trabajadores registrados e informales, así como a beneficiarios de programas sociales que dependen de la actualización del salario mínimo como referencia.

Actualmente, el salario mínimo se ubica muy por debajo del costo de la canasta básica, lo que agrava la pérdida del poder adquisitivo en los sectores más vulnerables.

Un fallo que reabre el debate sobre la legalidad de las decisiones del Gobierno

Con su resolución, el Juzgado del Trabajo N°10 pone bajo la lupa la inacción del Poder Ejecutivo y obliga al Ministerio de Pettovello a rendir cuentas sobre su omisión.

El fallo no solo exige explicaciones, sino que también reinstala el debate sobre la legitimidad de las decisiones unilaterales en materia salarial y la vigencia del diálogo tripartito como herramienta de consenso social.

Para las dos CTA, la decisión judicial representa un respaldo a su reclamo y una advertencia al Gobierno nacional.
“Este fallo reafirma que el salario mínimo no puede definirse de espaldas a los trabajadores”, afirmaron Godoy y Yasky en un comunicado conjunto.