La Justicia federal resolvió prorrogar la medida cautelar que impide la interrupción del servicio de agua potable y desagües cloacales a usuarios residenciales por falta de pago. La decisión mantiene suspendidos, por otros tres meses o hasta que haya sentencia definitiva, los artículos del DNU 493/2025 que habilitaban a la empresa prestataria a cortar el suministro ante mora.

La resolución fue dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 12, que entendió que no variaron las circunstancias que dieron origen a la cautelar anterior. De esta manera, continúa vigente la protección judicial frente a un esquema que autorizaba la suspensión del servicio desde el segundo vencimiento, con una mora mínima de 60 días para usuarios residenciales y de 15 días para no residenciales.

La acción colectiva fue impulsada por la Unión de Usuarios y Consumidores y Consumidores Libres, tras la publicación del decreto que modificó el marco regulatorio en el contexto del proceso de privatización de AySA.

Desde las organizaciones demandantes señalaron que la morosidad en el pago de servicios públicos creció con fuerza en los últimos meses, especialmente en el conurbano bonaerense. En ese escenario, advirtieron que permitir cortes masivos podría dejar a miles de familias sin acceso a un servicio esencial.

Alcance de la medida

El fallo dispone que la protección alcanza a todos los inmuebles residenciales comprendidos en el área de prestación. Además, establece una tutela reforzada para hogares donde vivan niñas, niños y adolescentes, personas mayores o personas con discapacidad. En caso de haberse producido interrupciones bajo esas condiciones, ordena el restablecimiento inmediato del suministro una vez acreditada la situación.

La cautelar original vencía el 13 de febrero. Con la prórroga, la suspensión de los artículos cuestionados del DNU se mantendrá durante tres meses adicionales o hasta que se dicte sentencia definitiva, lo que ocurra primero.

El expediente había tramitado inicialmente en el Juzgado Federal N° 2 de San Martín y luego pasó al fuero contencioso administrativo federal. En ambos ámbitos se puso en debate la constitucionalidad del decreto, bajo el argumento de que implicaría una regresión normativa en materia de derechos vinculados al ambiente, la salud y la seguridad de los usuarios.

Privatización y aumentos

El conflicto judicial se inscribe en el proceso de privatización que el Poder Ejecutivo impulsa sobre AySA, en el marco de la Ley Bases y la declaración de emergencia pública. La empresa, que presta el servicio de agua y saneamiento en el área metropolitana, aplicó durante 2024 incrementos superiores al 300 por ciento y, en 2025, estableció actualizaciones mensuales del 1 por ciento. Para el inicio de 2026 ya fueron anunciadas nuevas subas escalonadas.

Entre los interesados en la eventual adquisición de la compañía figuran grupos empresarios locales y extranjeros, mientras desde el Gobierno sostienen la necesidad de avanzar con la reestructuración del esquema de gestión.

Las entidades de defensa de consumidores remarcaron que el acceso al agua potable y al saneamiento constituye un derecho humano básico reconocido en normas constitucionales y tratados internacionales. En ese sentido, sostienen que habilitar cortes en un contexto de deterioro del poder adquisitivo podría agravar la desigualdad social y afectar condiciones mínimas de vida.

Con la prórroga de la cautelar, la discusión de fondo sobre la validez del DNU 493/2025 continuará en sede judicial, mientras el proceso de privatización sigue su curso.