Una orden del Juzgado Federal N°2 de Córdoba derivó este lunes en un allanamiento en la sede de Dioxitek, ubicada en el barrio Alta Córdoba, luego de que trabajadores aportaran imágenes y testimonios sobre presuntas fallas de seguridad y contacto directo con polvo de carbonato de uranilo y amonio (AUC), sustancia catalogada como material radiactivo dentro del ciclo del combustible nuclear.

El procedimiento fue dispuesto por el juez Alejandro Sánchez Freytes, tras una investigación preliminar iniciada a partir de publicaciones periodísticas que daban cuenta de posibles eventos con dispersión de compuestos que contienen uranio y que, según la denuncia, no habrían sido informados a la población.

En el operativo participaron efectivos de Gendarmería y especialistas de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). La planta inspeccionada produce dióxido de uranio destinado a abastecer a las centrales nucleares del país, entre ellas Atucha I, Atucha II y Central Nuclear Embalse.

Del desmentido a la admisión de las imágenes

En una primera reacción oficial, el secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Nápoli, había descalificado las publicaciones como “fake news”. Sin embargo, días después reconoció la autenticidad de las fotografías difundidas, aunque negó que se tratara de un incidente radiológico.

Según su explicación, las imágenes corresponderían a un desvío operativo “anticipado y esperable” dentro de áreas controladas, donde —afirmó— rigen protocolos específicos de seguridad radiológica e industrial. En ese marco, sostuvo que el polvo observado era AUC, un compuesto intermedio en el proceso de conversión del uranio, que se manipula bajo condiciones reguladas.

El AUC es un compuesto radiactivo emisor alfa, considerado parte del denominado “yellow cake” dentro del ciclo del combustible nuclear. La Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) establece lineamientos estrictos para su manipulación, con el fin de minimizar la exposición y garantizar protección radiológica en instalaciones y recipientes.

La respuesta de la empresa

Tras el allanamiento, Dioxitek difundió un comunicado en el que aseguró que las mediciones realizadas no arrojaron valores fuera de los parámetros establecidos por la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN). La empresa afirmó que no se detectaron accidentes ni contaminación y que los registros de operación fueron verificados durante el procedimiento.

Además, señaló que se encuentra en ejecución un plan de inversiones a cinco años, auditado por Nucleoeléctrica Argentina, y destacó que la planta “opera de manera segura”.

Un proceso bajo investigación

Hasta el momento, no trascendieron detalles oficiales del expediente judicial ni resultados periciales independientes que permitan corroborar o descartar de manera concluyente las denuncias. Fuentes judiciales no brindaron información pública sobre el avance de la causa.

El caso pone en el centro del debate los estándares de seguridad en instalaciones vinculadas al ciclo nuclear y el rol de los organismos de control. Mientras la empresa sostiene que todo se ajusta a la normativa vigente, la investigación federal buscará determinar si existieron fallas en los protocolos y si hubo riesgos para trabajadores o la comunidad.