El camarista laboral Víctor Pesino presentó una acción judicial con el objetivo de continuar en su cargo más allá del próximo 27 de julio, fecha en la que alcanzará los 75 años, límite de edad establecido por la Constitución Nacional para el ejercicio de la magistratura, salvo que medie una nueva designación con acuerdo del Senado.

La solicitud incluye una medida cautelar de no innovar para evitar que se declare vacante su puesto mientras continúa el trámite de renovación de su nombramiento en el Congreso. El magistrado pretende permanecer en funciones, al menos, hasta el cierre del período de sesiones ordinarias de 2026.

Un fallo clave para la reforma laboral

Pesino quedó en el centro de la escena política y judicial luego de integrar la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que dejó sin efecto una cautelar que había frenado la aplicación de una parte sustancial de la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei.

Tras aquella resolución, el Poder Ejecutivo remitió al Senado el pliego para extender por cinco años más la permanencia del magistrado en el cargo, tal como prevé el mecanismo constitucional para jueces que alcanzan el límite de edad.

La decisión generó cuestionamientos desde distintos sectores políticos y sindicales, que señalaron la cercanía temporal entre el fallo y el envío de la propuesta para su continuidad.

La renovación quedó trabada en el Senado

Aunque el pliego obtuvo dictamen favorable en comisión luego de una audiencia pública realizada en junio, su tratamiento en el recinto aún no se concretó.

La falta de sesiones en la Cámara alta y las dificultades para reunir consensos políticos demoraron el avance del expediente, generando incertidumbre sobre el futuro inmediato del magistrado.

Ante la posibilidad de que el Senado no trate su designación antes de que cumpla 75 años, Pesino decidió acudir a la Justicia para intentar evitar el cese automático de sus funciones.

El planteo judicial

En su presentación, el camarista solicitó que se impida al Ministerio de Justicia comunicar la vacancia de su cargo al Consejo de la Magistratura mientras el Senado no se expida sobre su continuidad.

Además, cuestionó aspectos del mecanismo constitucional que regula la permanencia de los jueces mayores de 75 años. Según argumentó, la normativa no establece plazos claros para la tramitación de los nuevos acuerdos ni prevé qué ocurre cuando el Congreso no resuelve a tiempo una solicitud de renovación.

El planteo también alcanza una disposición administrativa del Ministerio de Justicia que ordena iniciar el procedimiento de cobertura de vacantes cuando un magistrado alcanza la edad límite prevista por la Constitución.

Un caso con impacto institucional

La situación de Pesino vuelve a abrir el debate sobre el régimen de permanencia de los jueces federales y nacionales después de los 75 años, una discusión que en los últimos años involucró a distintos integrantes del Poder Judicial.

Mientras espera una definición judicial y política, el futuro del camarista dependerá tanto del tratamiento de su pliego en el Senado como de la resolución que adopten los tribunales sobre la cautelar presentada.

El caso adquiere especial relevancia por el papel que el magistrado desempeñó en causas vinculadas a la reforma laboral y por las implicancias institucionales que podría tener una eventual extensión de su permanencia en el cargo sin que exista aún una definición legislativa definitiva.