El Sindicato de Comercio de Lomas de Zamora se unió este miércoles a la Marcha Federal Universitaria, en un contundente rechazo al veto del Presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario, recientemente aprobada por el Congreso. 

Rubén Crosta, secretario general del gremio, calificó de “inconcebible” la crisis salarial que atraviesan las casas de estudio nacionales, destacando que “es imposible brindar una educación de calidad sin salarios dignos y un presupuesto acorde”. Su intervención subrayó la relevancia del financiamiento adecuado para garantizar un acceso equitativo a la educación superior.

Crosta reafirmó el compromiso del sindicato con el movimiento docente y nodocente, enfatizando que “hemos estado en la marcha anterior, en esta y en todas las que se convoquen para defender la educación pública”. En su discurso, llamó a construir un país donde los trabajadores puedan enviar a sus hijos a la universidad, insistiendo en que “la educación es la vía de ascenso social más importante”. En este sentido, criticó la ideología del Presidente, argumentando que pensar que el mercado podría resolver las desigualdades de acceso es, más que una utopía, un cínico engaño.

El dirigente recordó las reformas educativas del peronismo y resaltó la importancia de la inclusión en la educación superior. “En tiempos de desinformación y mentiras, es bueno recordar las palabras de Perón, quien decía que la conquista más grande fue llenar la universidad de hijos de obreros”, afirmó. 

Crosta hizo hincapié en que la universidad, antes reservada para las clases altas que podían costearla, se ha convertido en un espacio accesible para muchos jóvenes, especialmente en el conurbano bonaerense. Al finalizar, advirtió que “es imposible avanzar si la propuesta es caminar hacia atrás y volver a ese pasado de exclusiones”, subrayando la necesidad de seguir luchando por una educación pública inclusiva y de calidad.

La movilización de este miércoles no solo refleja el descontento con el veto presidencial, sino que también pone de manifiesto la determinación de los trabajadores de seguir defendiendo el acceso a la educación como un derecho fundamental.